Derechos humanos para todos

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En el mundo será siempre inacabada la defensa de los derechos humanos.

Si de México hablamos, empecemos por reconocer que toda la historia está saturada de violaciones verdaderamente graves, perpetradas por particulares, grupos de poder, organizaciones delincuenciales y no pocos servidores públicos, pero vale hacer algunas precisiones que ojalá sean útiles:

1.- Las violaciones de esa naturaleza cometidas por particulares deben ser investigadas por las procuradurías y fiscalías, consignando ante los jueces a los presuntos responsables. Nadie más que los juzgadores pueden absolverlos o condenarlos.

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2.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las locales, INVESTIGAN únicamente aquellos actos u omisiones, atribuidos o en que hayan participado SERVIDORES PÚBLICOS, que se presuman violatorios de derechos humanos, y, en su caso, emiten RECOMENDACIONES a las procuradurías, fiscalías e instituciones que corresponda, para que amplíen las indagatorias, persigan a los presuntos infractores, los pongan a disposición de los jueces, provean la reparación del daño, auxilien a las víctimas y prevengan nuevas violaciones.

3.- Las comisiones no dictan sentencias, no absuelven ni condenan a nadie, emiten RECOMENDACIONES con valor indiciario las pruebas que aporten, y con peso moral y social, pero no ejercen funciones jurisdiccionales, no dicen la verdad legal respecto de los hechos investigados. No pueden absolver ni condenar a las personas ni a las instituciones.

4.- Conforme a la Constitución y demás  leyes, la vigencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos están a cargo de los ciudadanos, de las referidas comisiones, procuradurías y fiscalías, de todas las autoridades y, finalmente, de los jueces, siendo estos últimos quienes deben decir si los imputados cometieron o no el delito. En tanto no haya sentencia firme, debe prevalecer la presunción de inocencia. Eso lo ordena la Constitución en beneficio de todo ser humano, sea o no servidor público, pertenezca o no a las fuerzas armadas.

5.- El problema estriba en el grado de impunidad que ronda el 95% de los delitos. La debilidad y corrupción de algunas de nuestras instituciones aumenta la delincuencia y lleva a ciudadanos —unos por ignorancia y otros por mala fe— a darle rango de sentencias inapelables a las RECOMENDACIONES de INVESTIGACIÓN Y CASTIGO emitidas por las comisiones de derechos humanos; pero hacer caso omiso de la función jurisdiccional viola los derechos humanos de quienes resultan linchados mediáticamente, sin que se les haya oído, ni dictado sentencia firme que los condene.

6.- Ante la violencia ancestral y grave, no ayuda ocultar el problema, ni tampoco envenenar más la vida social con injusticias adicionales en nombre de la justicia.

El camino es uno, largo y difícil: crear mayor conciencia ciudadana, al tiempo de limpiar y fortalecer nuestras instituciones. Lo demás es hacer más siniestro este infierno y dejar que sigan llevando agua a sus molinos muchos vividores, nacionales y extranjeros.


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