Pese a la deteriorada imagen del aparato político, existe una coyuntura para comenzar a aliviar el déficit de legitimidad que lo aqueja
Para que México alcanzara los elementos básicos de un sistema democrático, acorde con los estándares establecidos en los tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos, tuvo que pasar casi un siglo. En el proceso histórico que enlaza la revolución por el sufragio efectivo de Francisco I. Madero (1910) con la consumación de la transición democrática y la alternancia (2000), se concatenaron los esfuerzos de varias generaciones de luchadores demócratas.
Hoy tenemos una democracia electoral, pero su calidad ética deja mucho que desear. Está gangrenada por la corrupción y cuestionada por amplios sectores de la sociedad. El repudio se expresa, en parte, a través de la propuesta antisistémica que hace llamados de diverso tipo para boicotear las elecciones del 7 de junio; ya sea impidiendo el proceso o con la anulación del voto, ya con la abstención o con la destrucción de las boletas en las casillas. Estas voces exhiben la grieta entre los ciudadanos y los componentes del sistema político. Esto sin contar con el desdén hacia la clase política y sus partidos de la mayoría silenciosa, medida en diversos sondeos.
Pese a la deteriorada imagen del aparato político y de sus actores, existe una coyuntura para comenzar a aliviar el déficit de legitimidad que los aqueja. Tal oportunidad se encuentra en el proceso legislativo en curso para crear la Ley General de Transparencia a punto de votarse en el Senado, y el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por la Cámara de Diputados.
Las últimas semanas del periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, cuya fecha de clausura será el 30 de abril, son cruciales para revaluar a nuestra democracia. Se trata, ni más ni menos, de dar pasos firmes para edificar una democracia decente. El diccionario dice que el vocablo decente “se aplica a la persona que se comporta de manera justa y honrada”.
Con las nuevas normas sobre la transparencia se ampliarán los alcances del derecho a la información ya consagrado en la Constitución y así romper la opacidad —madre de la corrupción— tan arraigada en las estructuras del poder público. Por su parte, el sistema anticorrupción lo conforman un conjunto de reglas y mecanismos de vigilancia y contrapesos dentro de la maquinaria del Estado con el propósito de prevenir, vigilar, investigar y sancionar los hasta ahora impunes y escandalosos saqueos de los recursos públicos, el abuso de poder y así combatir la perversa deformación de la política en actividad mercantil.
Sacar adelante los dos ordenamientos es un gran reto para los legisladores federales y los de los congresos locales. Necesitarán hacer acopio de generosidad y atrevimiento. Esas nuevas leyes, si se interpretan correctamente y se aplican con rigor, implican un viraje radical a la cultura que ha convertido el ejercicio del poder en privilegio, ventaja y vía expedita para el enriquecimiento fácil. Aprobarlas, para muchos, equivale a un harakiri. Pero esa audacia suicida es lo único que puede redimir al actual sistema político, limpiarlo, adecentarlo y salvarlo de la debacle moral en la que se encuentra.
Por su propia sobrevivencia los hombres y mujeres del poder de nuestro país deben recuperar el sentido de su tarea como servicio, y someterse al escrutinio, control y vigilancia de los ciudadanos.
El filósofo Avishai Margalit sostiene en La sociedad decente (Paidós, 2010) que una comunidad civilizada es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros. El ejercicio corrupto del poder es una forma superior de humillación de los políticos a los ciudadanos. Los reduce a la condición de siervos porque los exprime con impuestos excesivos de los que se apropian cínicamente.
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