Las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en México han experimentado una notable disminución durante el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, según un reciente informe de TResearch International. Este fenómeno, que marca una posible tendencia a la baja en la corrupción, presenta cifras que invitan al análisis y la reflexión sobre el panorama político actual.
En mayo de 2025, se registraron 1,650 denuncias por este tipo de ilícitos, lo que representa una disminución del 3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Más impactante aún es la cifra acumulada durante el sexenio de la actual administración, con 7,732 delitos reportados, significando una drástica caída del 59% respecto a 2024. Estas cifras contrastan con la tendencia de crecimiento que se observó entre 2015 y 2020, periodo en el que se alcanzó un pico de 21,883 casos anuales, para luego descender a 18,698 en 2024.
La Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León son las entidades que concentran la mitad de las denuncias durante el sexenio de Sheinbaum, acumulando el 51% de los casos con 1,828, 1,458 y 693 denuncias, respectivamente. Si se analiza la incidencia por cada millón de habitantes, la Ciudad de México se posiciona en primer lugar con 198 denuncias, seguida de Baja California Sur (170) y Quintana Roo (147).
Este descenso en las denuncias podría interpretarse de diversas maneras. Una lectura optimista sugeriría que las políticas anticorrupción implementadas están dando frutos, generando un ambiente de mayor transparencia y disuasión para aquellos funcionarios que buscan incurrir en prácticas ilícitas. Sin embargo, también es plausible considerar que la disminución podría deberse a factores como una menor capacidad de denuncia, desconfianza en las instituciones, o incluso una reclasificación de delitos.
Es crucial que las autoridades continúen fortaleciendo los mecanismos de denuncia y garantizando la procuración de justicia para combatir la corrupción de manera efectiva. La ciudadanía, por su parte, juega un papel fundamental al mantenerse informada y participar activamente en la fiscalización de los actos de sus gobernantes. El camino hacia una administración pública íntegra y transparente es largo, pero estas cifras abren la puerta a un debate necesario sobre el verdadero estado de la rendición de cuentas en México.
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