Para el ciudadano común se ha vuelto un reto identificar cuál información sobre cualquier tema es confiable y digna de su confianza, entre plétora de datos que se manejan en todos los medios, que le sean útiles para evaluar o sustentar su opinión, así como ponderar lo que se presenta como verdadero o que puede no tener base o sustento y ser simplemente falso.
Vivimos tiempos de transición y es más importante que nunca y, concierne a todos el poder evaluar con realismo los hechos y fenómenos que nos rodean. Dentro de las complejidades del momento, hay que identificar lo que es realidad frente a lo que puede ser una simple percepción o engaño.
Es elemental buscar firmeza en qué sustentar nuestra opinión, ya que de ella depende la firmeza y el valor de muchas de nuestras aseveraciones y decisiones diarias.
¿Qué hacer, sin embargo, si la autoridad da razones para dudar de la veracidad de la información que nos comparte? ¿Cuándo la percepción que tenemos del fenómeno es distinta e incluso contradictoria a los datos oficiales? Para el individuo interesado o el público en general es importante no perderse en una confusión informática, sino conocer la realidad con la máxima aproximación a la verdad.
Todo gobierno quiere que sus políticas sean eficaces para mantener su credibilidad. Cuando la autoridad altera datos o difunde falsedades se expone a perder credibilidad llegando a veces a dimensiones tan exageradas como sucedió con las fantasías estadísticas que hundieron la existencia misma de la antigua Unión Soviética.
Desde hace muchos años, nuestro gobierno está habituado a manejar la información a su conveniencia independientemente de su veracidad. Algunas informaciones oficiales rayan en lo increíble como algunas afirmaciones recientes sobre la prosperidad nacional que supuestamente hemos alcanzado, cuando en los medios se informan cuentas del Inegi en sentido de la caída de los índices de consumo o del aumento de pobreza.
El tema de las inversiones extranjeras que llegan a nuestro país es otra área de contradicciones entre lo dicho por el gobierno y por las fuentes acreditadas que aluden a su ritmo. Mientras que para uno crecen en cuantía y variedad la nueva inversión, para otros sólo registran sólo reinversiones o capitalización de ganancias o pérdidas corporativas. En cambio, se oculta la preocupante falta de financiamiento a las pymes.
Lo mismo pasa con los datos referentes al gasto en bienestar social dotado de más de 800 mil millones de pesos encauzados a los programas de apoyo adicionales a los presupuestos sectoriales para salud y educación. En éstos, se podría esperar reducciones sensibles en las estadísticas de pobreza y un consecuente aumento en la inscripción escolar primaria y secundaria. En el rubro salud, las estadísticas no aluden a las enfermedades desatendidas, escasez de vacunas y de medicinas no distribuidas. Por otra parte, no se informa sobre la vandalización de planteles escolares y existe una pobre información sobre las bajas de miles de alumnos que carecen de escuelas públicas.
Las diferencias entre lo que el gobierno da a conocer y la información de fuentes más confiables que recibe el ciudadano, resta seriedad a la comunicación oficial produciendo una duda sistemática en el pueblo que, adicionado a las revelaciones que van apareciendo en cuanto a la frecuente corrupción en los negocios y componendas con organizaciones criminales de figuras prominentes, incluso del primer círculo del propio gobierno, hacen un saldo definitivamente negativo que da origen a una percepción de incapacidad por parte del gobierno.
Lo antes mencionado contrasta con el triunfalismo con que el gobierno frecuentemente anuncia logros aún por realizar, en lugar de tener una necesaria cautela al respecto. Es evidente que un país no puede continuar por una senda de progreso y prosperidad cuando está lastrado por la desconfianza constante de su pueblo. Se han lanzado programas presidenciales diseñados para limpiar la imagen de la administración pública. El grado de respetabilidad del gobierno y particularmente de quien lo encabeza, es un factor que otorga la autoridad suficiente para pedir el respaldo de las propuestas de acción a nivel nacional que muchas veces supone particular esfuerzo o sacrificio. Para que este fin se cumpla no es tolerable que la información que emana el gobierno sea maquillada para ocultar insuficiencias, incapacidad, impreparación, y hasta corruptelas. La distorsión intencionada de los hechos es también corrupción, igual que la censura que tiene que ser combatida por entidades independientes. El papel de la prensa libre es garante de que se conozca el interés por conocer la verdad detrás de cada acontecimiento importante. El gobierno debe ver en ella un socio en la búsqueda de la percepción justa y veraz de los hechos que el gobierno está obligado a dar constante cuenta.
La perspectiva de una Cámara de Diputados por elegirse en 2027 incluye la tarea de continuar la exactitud de la comunicación oficial.
There is no ads to display, Please add some
