La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar el pan.
Anatole France
Existen muchas maneras de clasificar a México, pero una de ellas me parece patética: hay un México legal y uno real; entre ambos, el contraste es descomunal. Hacemos leyes soñando, pero somos ineficientes aplicándolas. Me refiero a algunos casos de nuestra vida reciente.
Lejos está de mi ánimo defender a Lucero Sánchez, pero sorprende cómo se han unificado distintas fuerzas políticas para el juicio de procedencia y su posterior desafuero. El único delito en el que, al parecer, hay indicios, es la falsificación de documentos oficiales, lo cual no constituye, como lo señala la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos en su artículo séptimo, un delito grave. No estoy abogando por su impunidad, pero causa desasosiego que, en este caso, los diputados exijan el mayor rigor frente a los cientos de casos en los que verdaderamente procedía la aplicación rigurosa de la ley.
Me preocupa la decisión de mi partido, porque, efectivamente, como bien lo declara la diputada de Sinaloa, ella fue en su momento “la suertuda”. Caso insólito, no hubo padrinos, no hubo recomendaciones como se ha venido diciendo, eso jamás. “No, yo fui quien se acercó a ellos para pedirles la oportunidad y gracias a ellos tengo esta oportunidad”, dice la legisladora. ¿Esto significa que el Partido Acción Nacional postuló a una desconocida sin siquiera investigar antecedentes? De ser así, es gravísima la actuación del entonces dirigente Gustavo Madero, quien aprobó la candidatura. ¿Por qué no actuar contra quien es verdaderamente responsable? ¿Por qué nos ensañamos con el más débil y perdonamos al influyente? ¿Por qué reforzamos la convicción de los mexicanos de que la ley solamente se aplica a los débiles y a los desamparados?
El segundo caso son las constantes declaraciones sobre el nuevo ordenamiento para la Ciudad de México, ya calificada como un paradigma del siglo XXI. En el colmo de la ignorancia jurídica, se habla de una Constitución de izquierda y un documento que significará un cambio radical en la vida de la ciudad. Acudo a dos pensadores que enuncian sólidos principios de filosofía del derecho: Gandhi dijo que los hechos constituyen el 75% de una ley y Martin Luther King señaló que las leyes no podían hacer que sus malquerientes lo apreciaran, pero sí podía evitar que lo lincharan. Entre los 28 redactores del documento, son pocos los conocedores del derecho. Espero equivocarme, pero me da la impresión de que la propuesta va a ser un mamotreto de buenas intenciones. No se trata de escribir una obra excelsa de literatura ni de proponer proclamas que no tendrán ninguna observancia, sino de hacer normas jurídicas de conformación sencilla y aplicación rigurosa. Hay que entenderlo, si el derecho disminuye, el mal que nos hacemos los hombres unos a otros, habrá cumplido con creces su finalidad.
El tercer caso es el proceso electoral que culminará en junio. Con una normatividad abigarrada, ambigua y casuística y con autoridades que no asumen su deber, muy probablemente prevalecerán los viejos y los nuevos vicios que han provocado una inmensa decepción en la ciudadanía y que arriben al poder funcionarios poco calificados. Apoyé en su momento la protección de los derechos ciudadanos en la vida interna de los partidos, pero las atribuciones que se han arrogado está judicializando la política al grado de salirse del ámbito de lo jurídico. Insisto e insistiré, mientras no entendamos los escasos límites del derecho y el deber fundamental de respetarlo, seguiremos siendo considerados como un Estado fallido.
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