La situación económica de México se caracteriza actualmente por un clima de incertidumbre que afecta tanto a empresas como a ciudadanos. Con un consumo privado en caída, el empleo informal en niveles alarmantes y pronósticos negativos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el panorama se vuelve sombrío. A esto se suma el elevado costo de la inseguridad y la complejidad de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que podría exacerbar aún más la crisis económica que enfrenta el país.
El consumo privado es un indicador clave del bienestar económico de la población. Sin embargo, las cifras recientes revelan una tendencia decreciente que afecta a diversos sectores. La falta de confianza del consumidor, alimentada por la creciente inflación y la inseguridad, se traduce en un menor gasto, que resulta crucial para estimular la economía. La caída en el consumo no solo afecta a los comercios, sino que también se refleja en la disminución de la producción y en la incapacidad para mantener empleos formales.
En paralelo, el empleo informal se ha mantenido en niveles elevados. A pesar de que el gobierno ha implementado diversas estrategias para la creación de empleos formales, el avance ha sido limitado. La informalidad, que comprende casi el 60% de la fuerza laboral en el país, no solo implica condiciones laborales precarias, sino que también cuesta mucho a los trabajadores en términos de acceso a beneficios sociales, seguridad social y, en última instancia, estabilidad económica. La falta de regulación y protección en el sector informal crea un ciclo vicioso que perpetúa la pobreza y la desigualdad económica en la población.
Por si fuera poco, el FMI ha presentado pronósticos pesimistas sobre el crecimiento económico de México en el corto y mediano plazo. Según sus reportes, se anticipa que la economía mexicana experimentará un crecimiento por debajo del potencial, lo que dificultará la generación de empleos y el aumento de los ingresos de las familias. Esto se traduce en una reducción del gasto público disponible para los programas sociales que han sido el pilar de la política económica en la actual administración.
El tema de la inseguridad también requiere atención urgente. La creciente violencia y criminalidad en diversas regiones de México generan costos significativos tanto para los ciudadanos como para las empresas. La inseguridad no solo afecta la calidad de vida, sino que también desincentiva la inversión extranjera y local. Las empresas se ven obligadas a gastar más en sistemas de seguridad y seguros, lo que disminuye su capacidad de reinversión y creación de empleos. En un contexto donde la informalidad y la inseguridad se entrelazan, el futuro económico del país se vuelve incierto.
La renegociación del T-MEC representa otro desafío en este complejo escenario. Las tensiones entre los países miembros, particularmente en cuestiones laborales y medioambientales, generan inquietud sobre el impacto que podría tener en las exportaciones mexicanas. Un T-MEC complicado podría llevaron a aranceles más altos y a restricciones comerciales que afectarían aún más el crecimiento económico del país, dificultando la recuperación de empresas y el fortalecimiento de la economía formal.
Frente a esta convergencia de problemas críticos, el gobierno enfrenta presiones presupuestarias sin precedentes. Una gran parte de los recursos se destina a programas sociales cuya sostenibilidad fiscal es cuestionable. Si bien estas políticas buscan aliviar la pobreza y fomentar el desarrollo social, su mantenimiento a largo plazo en un entorno de bajo crecimiento del PIB es insostenible y podría poner en riesgo la estabilidad económica.
La combinación del consumo privado en descenso, el empleo informal elevado y la inseguridad, queda como un claro aviso de que la estrategia económica actual necesita ser reevaluada. Sin acciones efectivas para abordar estos problemas, México podría enfrentar un futuro marcado por un estancamiento económico que dificultaría el avance hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.
