La Ley General de Responsabilidades Administrativas quedó trunca a la vez que excedida. Elemento central de un sistema nacional anticorrupción, la Ley 3de3, que el sector privado promovió desde hace varios meses y para la cual recabó más de 630 mil firmas respaldadas con reiteradas marchas en toda la República, exigía a los funcionarios del sector público presentar, al asumir sus cargos, tres declaraciones necesarias para efectos de honestidad y transparencia, a saber, la de ingresos, una del patrimonio registrado y finalmente otra en que habrían de mencionar los intereses susceptibles de crear conflicto en el curso de la actuación del funcionario. A estas declaraciones habría que dar una amplia publicidad.
No se trata de invadir la privacidad del declarante. En el clima actual de corrupción que todo lo anega hay necesidad de hacer pública tal información. Pese a esto, los señores diputados eliminaron dicho elemento crucial, lo que fue denunciado por el PAN y el PRD.
Llegado así a la Cámara de Senadores el recortado texto para su revisión constitucional, los legisladores confirmaron la nueva versión de la iniciativa dejando profundamente insatisfechos a los que promovían publicar las declaraciones convenidas.
La lamentable decisión de aceptar la iniciativa tal y como la recibieron los senadores se completó con otra, aún más desafortunada. Incitados por el eje PRI-PVEM, se desenterró una iniciativa previamente desechada, pero ahora útil, de que a los empresarios había que ponerlos en la misma categoría que a los funcionarios públicos. Según esto, compartían culpas en el gran juego de corrupciones por lo que la Ley de Responsabilidades debía recetarles una disciplina análoga.
La propuesta de última hora de Manuel Cárdenas Fonseca, senador independiente, resultó salvadora sólo para la mancuerna PRI-PVEM: adicionar a la Ley de Responsabilidades la grotesca disposición que toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o celebre contratos con cualquiera de los tres niveles de gobierno también habrá que presentar las mismas declaraciones sobre sus ingresos, patrimonio, salud fiscal e intereses económicos. Fue clara la intención de los senadores. El proyecto de ley anticorrupción que expresó la exasperación ciudadana y vigorosamente enarbolada por la Coparmex había avanzado hasta el Congreso y su inminente aprobación significaba un golpe seco a los intereses que buscaban seguir escondidos detrás de las connivencias y colusiones oficiales activas en toda la estructura socioeconómica del país. Dichos intereses encontraron una artificiosa solución acusando al gremio empresarial de compartir todas las culpas. La adición fue incorporada a la iniciativa y aceptada sin discusión. Los proyectos de ley fueron revueltos a la Cámara de origen para su eventual promulgación.
El sector privado reaccionó vigorosamente a las decisiones del Congreso. De inmediato organizó una indignada manifestación encabezada por el presidente de la Coparmex, frente al Ángel de la Independencia de la ciudad capital. A la protesta la acompañaban, además del Consejo Coordinador Empresarial, cientos de organismos empresariales de todo el país. Pretender que cualquier persona física o moral deba emprender un ocioso proceso de acreditación de su confiabilidad para cumplir con una ley llena de vericuetos es una torpeza que implica a casi 35 millones de personas como son los beneficiados de los diversos programas sociales, los pensionados, los becarios del Conacyt y los que reciben apoyos de instituciones públicas.
Es en las entidades oficiales donde hay que fincar el combate a la corrupción que le cuesta al país, según el Banco Mundial, al menos el 9% del PIB y que pesa sobre más del 60% de los empresarios y miles de productores a los que no se les puede atribuir culpa alguna.
A todas las instituciones públicas, sean federales, estatales y municipales, secretarías de Estado u organismos paraestatales un sordo ambiente no sólo induce a la corrupción sino la impone. La obra pública está particularmente percudida y el criminal desvío de presupuestos oficiales, ya habitual, es un factor determinante de la pobreza nacional. En todo el mundo, Europa, Asia y América, se comenta el alto índice de corrupción que hay aquí. La fama de México está agrietada. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser eficaz para elevar a México a la par de los demás países. Es una falacia endosarle este estado de cosas a la ciudadanía que se esfuerza por sobrevivir.
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