La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que “En México se acabó la corrupción”, representa una afirmación categórica que contrasta fuertemente con la percepción pública. Mientras el gobierno federal argumenta un avance en el combate a este flagelo, encuestas y organismos internacionales ofrecen un panorama más complejo y matizado. Esta discrepancia subraya un debate central sobre la eficacia de las políticas anticorrupción y la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Primero, contextualicemos la declaración. Sheinbaum, en un evento en Guerrero, enfatizó el compromiso de la Cuarta Transformación (4T) con la integridad gubernamental, alineándose con el legado de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, evidencias confirmadas pintan un cuadro más matizado. Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México obtuvo 31 puntos en 2023 (de un máximo de 100), un leve descenso desde los 28 de 2022, pero aún en el puesto 140 de 180 países. Para 2024, México obtuvo 26 puntos, lo que lo sitúa en la posición 140 de 180 países evaluados, así el retroceso es evidente de acuerdo a este indicador, además de que se encuentra en el último lugar dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Esto indica que, aunque hay mejoras marginales, la corrupción sigue siendo percibida como endémica. No es «cosa del pasado»; al contrario, el IPC sugiere estancamiento, con escándalos recientes confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el ámbito nacional, la ASF reportó en su informe de 2023 irregularidades por 1,200 millones de pesos en programas prioritarios del gobierno federal, incluyendo desvíos en obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó investigaciones por presunta corrupción en contratos de Pemex, con montos superiores a 500 millones de pesos adjudicados a empresas vinculadas a funcionarios. Casos emblemáticos incluyen el de Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), sentenciado en 2024 por sobornos de Odebrecht, y el de Genaro García Luna, extraditado y condenado en EE.UU. por nexos con el narcotráfico, ambos con raíces en administraciones previas, pero con ramificaciones en la actual. Además, un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de julio de 2024 admitió 1,500 denuncias por corrupción en entidades federales durante el primer semestre, un 15% más que en 2023.
A nivel estatal y local, donde la corrupción es más rampante, evidencias de la ASF y el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) muestran opacidad en Guerrero mismo: en 2023, se detectaron irregularidades por 300 millones de pesos en fondos para reconstrucción post-huracanes, con contratos directos no justificados. Encuestas como la de Parametría (agosto 2024) confirman que el 70% de los respondientes ve corrupción en la contratación pública y en la impartición de justicia, alineándose con datos del World Justice Project, que ubica a México en el puesto 113 de 142 países en ausencia de corrupción en 2023.
Percepción que contradice la declaración de la presidenta
Diversas encuestas, como la de Heras Demotecnia, revelan que más del 70% de los mexicanos considera que la corrupción sigue siendo un problema grave. Este sentir ciudadano no es una mera percepción; a menudo se basa en experiencias directas. El 57% de los encuestados en el estudio de Heras Demotecnia afirmó haber tenido vínculos con actos de corrupción en 2024. Este dato sugiere que, a pesar de las iniciativas gubernamentales, los actos de corrupción a nivel cotidiano, como la extorsión policial o los «moches» en trámites, persisten y alimentan la desconfianza. El INEGI, por su parte, reportó en 2023 que seis de cada diez mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial.
Otra encuesta, esta vez de México Elige (publicada en septiembre de 2024), revela que el 72% de los mexicanos considera que la corrupción persiste en altos niveles, y el 65% cree que no ha disminuido bajo el actual gobierno.
Consulta Mirofsky encontró, en su estudio correspondiente a julio de 2025, que 81.5% de quienes respondieron perciben mucha o una cantidad regular de corrupción en el país.
Desde una perspectiva internacional, el análisis de la situación en México es igualmente crítico. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, una de las principales métricas globales en la materia, muestra un retroceso para el país. México obtuvo una calificación de 26 puntos sobre 100 posibles, la más baja en su historia, y se ubicó en el puesto 140 de 180 países evaluados. Este resultado es inferior a la calificación de 31 puntos que el país mantuvo de 2020 a 2023. La organización señala que la debilidad y opacidad en el Poder Judicial, así como la colusión entre el crimen organizado y funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, limitan la aplicación efectiva de la ley.
¿Fin de los privilegios?
La narrativa oficial del fin de la corrupción se apoya en la idea de que la eliminación de los «privilegios» y los «regímenes del pasado» ha sentado las bases para un cambio profundo. Sin embargo, las evidencias señalan una realidad dual: si bien el discurso y las intenciones políticas están orientadas al combate frontal, la materialización de estas acciones aún no se traduce en una mejora sustancial en la percepción ciudadana ni en las evaluaciones de los organismos internacionales. La corrupción, más que un acto individual, es un fenómeno sistémico arraigado en múltiples capas de la burocracia y la sociedad. La brecha entre el discurso político y la realidad tangible es la que genera la desconfianza pública y pone en tela de juicio la efectividad de las medidas adoptadas.
¿Por qué la discrepancia? La percepción pública se nutre de estos casos confirmados y de la lentitud en sanciones: solo el 5% de las denuncias de la SFP resultan en procesamientos, según datos de 2024. Mientras el gobierno destaca reformas como la Ley Federal de Austeridad, evidencias sugieren que la corrupción ha mutado –de grandes monopolios a redes locales y clientelares– sin ser erradicada. En resumen, la realidad confirmada es que la corrupción no ha desaparecido; persiste en un 70-80% de las instituciones, según métricas globales y auditorías. Para avanzar, se necesitan investigaciones independientes y mayor rendición de cuentas, no solo declaraciones. Este análisis subraya la necesidad de políticas basadas en datos, no en optimismo.
En conclusión, mientras el gobierno puede apuntar a logros específicos como el aumento de la recaudación fiscal gracias a la mayor fiscalización o la simplificación de algunos trámites, la percepción de la ciudadanía y los indicadores internacionales muestran que la corrupción está lejos de ser «cosa del pasado». La realidad se encuentra en el punto de encuentro de estas dos visiones, una donde se ha avanzado en el discurso y ciertas áreas, pero donde el problema persiste con fuerza en la vida cotidiana de los ciudadanos y en las estructuras de poder.
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