En un artículo publicado en Mileno la semana pasada, el excanciller panista y académico Jorge G. Castañeda fue dominado por el enojo intelectual. No le gustó la reacción crítica a su propuesta de ser candidato presidencial independiente único. Sólo que se equivocó: se le reprocha no su ego ni su proyecto personal, sino la carencia de un proyecto político alternativo.
En un librito unas 70 cuartillas, el académico forjado en el Partido Comunista Mexicano y egresado de varias de las más importantes universidades del mundo presenta una plataforma de propuesta de candidatura ciudadana basada modestamente en tres puntos centrales: corrupción y sus complicidades, reforma electoral contra la partidocracia y defensa del consumidor.
Nada más.
Pero el problema del país es mucho mayor: la corrupción no es causa de la crisis nacional sino que es efecto de una estructura de distribución de la riqueza y del poder, la partidocracia ha sido producto de la estructura de control legislativo que responsabiliza al PRI y a la oposición de un reparto del pastel y el consumidor no necesita defensa sino que requiere de una reorganización del mercado interno derivado de mecanismos más estructurales de distribución de la riqueza.
Ahí se localiza la falla de Castañeda, no en su ego. A su propuesta de agenda ciudadana le falta –aunque pudiera estar en algunos de sus numerosos libros– un diagnóstico crítico tipo materialismo dialéctico y materialismo histórico de la crisis; en lugar de eso, Castañeda parecer resumir su propuesta en tres puntos: una policía anticorruptos, fin de los partidos y un procurador del Consumidor, no un presidente.
La crisis mexicana se explica por el agotamiento de proyecto de nación de la Revolución Mexicana y la falta de un nuevo consenso nacional. El problema más serio es el de la pobreza y no tiene que ver con programas asistencialistas o de lucha contra la corrupción que pregona López Obrador como solución. Se necesita de un nuevo Estado y sobre todo de una estatalidad (Fukuyama) con mecanismos muy estrictos de regulación.
El proyecto de la Revolución Mexicana terminó en 1991 cuando Carlos Salinas de Gortari lo sacó del PRI para meter el liberalismo social que polarizó la relación riqueza-pobreza, creó la nueva plutocracia con la que se codea Castañeda y terminó con el Estado de bienestar.
La agenda-Castañeda de la corrupción, la partidocracia y el consumidor es una agenda conservadora porque perpetúa el modelo de desarrollo concentrador de la riqueza en pocas manos y porque reafirma la elusión de las actividades reguladoras de la riqueza que tenía el Estado.
Asimismo, es reaccionaria en la medida en que elude el motor de la organización social: la lucha de clases. Una cosa es que todos miren hacia otro lado, y otra que siga existiendo. Y no hay más camino que dinamizar la lucha de clases para construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo basado en la equidad social. El Estado que se preocupó por el bienestar de las mayorías no propietarias en el periodo 1917-1991 fue el Estado que construyó la nueva plutocracia Forbes.
Atacar la corrupción, finiquitar la partidocracia y confundir clase social con consumidores son formas de perpetuar el modelo de desigualdad social salinista basado en un Estado neoliberal y plutocrático. En el 2018 de nueva cuenta estará a debate la continuación del proyecto salinista de nación o un nuevo consenso nacional basado en la justicia y la equidad sociales.
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Política para dummies: La política no debe ser el juego de apariencias sino de realidades.
Sólo para sus ojos:
La guerra de posiciones mediáticas entre la PGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha abierto agendas ajenas: del resultado dependerá si el GIEI toma por asalto la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la renuncia de Emilio Álvarez Icaza.
El arranque de campañas electorales en 12 estados dejó ver la dinámica de conflicto y polarización. Más que verdades en las denuncias entre ellos, se trata de meter de alguna manera a los electores porque se prevén abstenciones hasta de 60% en algunos estados.
El gran negocio electoral en estos dos meses será el de las encuestas. Decenas de empresas encuestadoras sin registro oficial ofrecen resultados al mejor postor, aunque sea tan sólo para algún periodicazo sin efectos en las votaciones.
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