Nada disgusta más al ciudadano que la corrupción, de cualquier tipo.
Desde el agente de tránsito que amenaza con una multa por faltas al reglamento, real o supuesta, hasta del funcionario público que acepta un regalo a cambio de favores o de ignorar la ley. El disgusto podrá ser pasajero, pero más probablemente tendrá consecuencias en su futuro comportamiento. Quienes se sientan afectados, aunque sea lejanamente, van a reaccionar.
Una de las reacciones más frecuentes es dejar de participar en la vida cívica, desde cambiar sus preferencias políticas a alejarse de todo contacto posible con esa(s) persona(s), con su grupo o su partido. Los actos de corrupción alejan a individuos, a sus familiares y a grupos enteros de tareas que de otra manera harían con gusto. Además de promover la abstención electoral fomenta la apatía ciudadana.
Hay gobiernos y partidos -en todos los países- que la conciencia ciudadana cataloga como corruptos y no se sorprende que sus integrantes den muestras de una riqueza no obtenida lícitamente. No se extraña que cometan actos de corrupción ni que no sean castigados; los considera parte del paisaje y prefiere mirar hacia otro lado.
Cada tanto aparece en el horizonte quien promete luchar contra la corrupción y levanta esperanzas de que «ahora sí» va a reducirse. Podrá ser un líder cívico, un nuevo partido o un candidato «independiente» que mueve a una comunidad o a la nación entera en su lucha por la limpieza de la vida pública. Es vitoreado por quienes se sienten parte de la conciencia ciudadana que desea erradicar toda forma de corrupción, claro en tanto no haya rumores, o certezas, de que él también es corrupto.
La sola sospecha de corrupción, y más su confirmación, da al traste la mejor intención de eliminarla; no sólo aleja a sus simpatizantes, también motivará al resto de la ciudadanía en su contra. En el caso de los partidos, la corrupción de cualquiera de sus miembros -especialmente los que son funcionarios públicos- afecta la imagen partidista.
Los partidos pueden mantener una sana imagen pública sólo si toman medidas adecuadas frente a acusaciones de probables hechos de corrupción de sus miembros. Después de investigarlas, si las comprueba está obligado a tomar medidas drásticas. Al menos deberá separarlo de la militancia partidista y presionarlo a renunciar al cargo que detente, y en última instancia coadyuvar con el ministerio público para consignarlo.
Hay partidos donde la corrupción es endémica y a nadie extraña que sus miembros fallen, pues saben que para ellos ya no tiene costo político un caso más. Son tan cínicos que consideran que la moral es un árbol que produce moras y no parte importante de un sano comportamiento político; no les importa una raya más al tigre.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido distinto: por décadas denunció y combatió la corrupción en todo el país; recientemente participó muy activamente para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y su actual presidente lo usó como lema durante su campaña por el puesto. El dirigente que lo antecedió se distinguió por no hacer nada, o hacerlo en forma insuficiente, frente a varios casos evidentes de corrupción y por ello dicho partido perdió parte del respaldo ciudadano y redujo su votación.
La creación de una Comisión Anticorrupción al interior del PAN va en la dirección correcta, volver hacia la recta actitud que nunca debió haber perdido. El nombramiento del Lic. Luis Felipe Bravo Mena, ex legislador y ex presidente partidista, cuenta con el prestigio y la capacidad suficiente para conducir sus trabajos con éxito en la medida que cuente con el respaldo institucional necesario.
No hay otro camino para recuperar el prestigio disminuido y para que el PAN vuelva a ser instrumento útil a México. El presidente nacional del partido debe apoyar a dicha Comisión, y al Lic. Bravo Mena, con todo lo que sea necesario para que dicho partido vuelva a ser actor confiable ante los ojos de los electores en la defensa del derecho de los ciudadanos.
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