La operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y sentarlo en el banquillo de una corte de Nueva York ha abierto una puerta peligrosa para el orden internacional, un aspecto sobre el que se ha reflexionado poco.
No se trata de defender a un mandatario que empobreció a su país, forzó el éxodo de millones de ciudadanos y encarceló a la disidencia. Tampoco de justificar la acción unilateral de un empresario convertido en político que, en su ambición de poder, pretende revivir el imperialismo bajo la premisa de la excepcionalidad estadounidense. Esta postura —crítica y necesaria— podría incluso poner en riesgo la entrega de una visa para quien escribe estas líneas.
A diferencia de la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá, que requirió una invasión militar y la autorización del Congreso de Estados Unidos, esta vez se optó por un despliegue de fuerzas especiales. El resultado es un operativo militar camuflado de acción policial.
Lo que este hecho representa es que Donald Trump puede ordenar la captura y el traslado de cualquier ciudadano extranjero bajo el pretexto de una orden judicial emitida en su país. Esta premisa abre un escenario de incertidumbre que ya inquieta a diversos líderes del continente.
Tras la detención de Maduro mediante el aparato bélico estadounidense, ¿qué impedirá a Trump repetir la fórmula contra el líder de un cártel o contra un presidente electo que se oponga a los intereses de la Casa Blanca?
Figuras como Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega o Nemesio Oseguera podrían convertirse en objetivos. El plan para capturarlos podría estar ya en los escritorios de Washington. Los llamados a la soberanía o a la autodeterminación difícilmente serán escuchados por un presidente que ha demostrado que puede detener a un gobernante sin que el ejército local —pese al armamento ruso— intervenga.
Si bien las dictaduras de Maduro o del matrimonio Ortega en Nicaragua son insostenibles, no es admisible que un gobernante, amparado únicamente en su fuerza militar, asuma el papel de policía global y altere arbitrariamente el mapa político de la región.
Es imperativo que el Gobierno mexicano abandone los sesgos ideológicos y analice con rigor lo sucedido. Solo así podrá actuar con pragmatismo ante el nuevo orden mundial impuesto desde el Despacho Oval.
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