La mayor aportación del T-MEC al desarrollo del país ha sido brindar certidumbre, reglas comunes y un marco que permitió a México integrarse con éxito a las cadenas productivas de Norteamérica. Sin embargo, convertir las oportunidades del comercio exterior en desarrollo incluyente implica atender pendientes estructurales que durante años han limitado nuestro potencial. La seguridad es uno de ellos. Más allá de los indicadores de violencia letal, enfrentamos desafíos asociados a la extorsión, los mercados ilícitos, la violencia familiar y la fragilidad de las capacidades locales. La respuesta requiere construir políticas públicas que recuperen la prevención, fortalezcan las policías y mejoren la investigación criminal. Para lograr este último punto, es necesario consolidar a las fiscalías. Estas instituciones de justicia aún tienen el reto de consolidar modelos de operación más eficientes, con mayor profesionalización, tecnología, transparencia y evaluación. Una procuración de justicia efectiva genera confianza para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Tampoco hay confianza sin reglas claras y funcionales. La inversión necesita certeza sobre permisos, autoridades y tiempos de respuesta. Simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar la calidad regulatoria son acciones que pueden impulsar el crecimiento sin necesidad de crear nuevas barreras. Por último, no hay inversión sin energía. Frente a nuevas exigencias globales, deben existir mecanismos confiables para verificar si proviene de fuentes limpias, garantizar su trazabilidad y convertirla en una ventaja competitiva.
Estos retos requieren una conversación amplia entre autoridades, empresas, academia y organizaciones de la sociedad civil. La experiencia del T-MEC demuestra que cuando México construye instituciones, reglas y consensos duraderos puede generar resultados positivos.
