La política, y los políticos, están en el punto más bajo de aceptación, y no sólo en México. Corruptelas, abusos, prepotencia, autos y casas de lujo, actos de autoridad absurdos y un largo etcétera. Han invertido el sentido que debiera tener el servicio público y en vez de servir a los demás, abusan de su posición y exigen ser servidos. Viven con grandes lujos en vez de atenerse a la sugerencia juarista de disponerse a vivir «en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala».
En todo el mundo el desprestigio de los políticos y de su profesión ha llegado a niveles mínimos por las razones anotadas, pero a muchos parece no importarles. En el mundo quienes detentan el poder pierden elecciones ante una oposición que se presenta rechazando abusos y corruptelas. Así cambiaron Canadá y Guatemala, y seguramente pronto lo harán Argentina y Venezuela; en Brasil ya se ven tormentas en el horizonte de Dilma.
Aunque las reglas de la política apenas han cambiado, lo que sí es distinto es la percepción de la gente. Ya no aceptan, ni en México ni en el resto del mundo, a políticos que se sirven en vez de servir, que se dan vida de reyes aunque se manifiesten republicanos, que guardan para sí lo que debieran aplicar en beneficio común. Se sublevan sólo de saber que la miseria de muchos se agrava por el beneficio personal del gobernante.
Aunque en México parezca que somos distintos, los reportajes de la Casa Blanca y posteriormente los de la de Malinalco sí incidieron en la opinión pública. Comentarios, artículos, desplegados, marchas y discursos llenaron el tiempo de muchas radiodifusoras, algunas televisoras y casi todos los medios escritos, pero apenas si influyeron en los resultados electorales. El partido en el gobierno requirió el apoyo de dos minipartidos para tener una precaria mayoría en la Cámara de Diputados, y los partidos de oposición no lograron defenestrar al partido del Presidente.
Si el partido en el gobierno logró que la elección no le fuera dañina en exceso se debió a que conserva una gran capacidad de movilización en gran parte del país, pero también a los mecanismos de comunicación que llevó a cabo para desprestigiar a los otros partidos. No tuvo que inventar nada, simplemente investigó comportamientos de miembros notables de las bancadas opositoras y las divulgó con lujo de detalles. Sabía que los legisladores son seres humanos que comparten las debilidades de muchos humanos y simplemente los dieron a conocer.
La comunicación gubernamental tomó de sorpresa a los partidos opositores, los que no supieron reaccionar oportunamente. Y la ciudadanía se sintió agraviada. En vez de inmediatamente llamar a los involucrados y saber la verdad de primera mano, llegando a la últimas consecuencias si los encontraba culpables o defendiéndolos si eran inocentes, desperdició el momento y calló. La ciudadanía culpó tanto a los involucrados como al partido que los cobijaba.
Ahora las dirigencias partidarias ya saben que tienen que reaccionar de inmediato, consultando con el o los involucrados para determinar su culpabilidad y actuar en consecuencia. Si no lo hacen, el desprestigio se acentuará y el partido involucrado seguirá el camino cuesta abajo.
Ya es conocido que el Partido Acción Nacional nombró a un prestigiado dirigente para encabezar su Comisión Anticorrupción, pero ni ha nombrado al resto de los integrantes de la Comisión ni le ha dado a ésta las herramientas reglamentarias ni el apoyo necesario. Está obligado a hacerlo pronto para poder diferenciarse del gobierno federal que aún no nombra al Fiscal Anticorrupción ni envía al Congreso las leyes secundarias que podrán hacer realidad la Reforma Constitucional Anticorrupción. Otro evento impune terminaría con el prestigio restante.
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