Caso de 60 niños abusados en Jardín de Niños señala negligencia en la SEP

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Jardín de NIños, abuso sexual

Entre 2017 y 2019, cerca de 60 niños de entre tres y cinco años de edad que acudían al Jardín de Niños Marcelino de Champagnat fueron víctimas de abuso sexual y desde entonces sólo 17 consiguieron una sentencia condenatoria contra uno de sus agresores.

Como normalmente ocurre al momento de buscar justicia en México, algunas de las víctimas desistieron, otras esperan una resolución y de los 17 denunciantes que obtuvieron un fallo favorable el 29 de diciembre de 2021 por parte del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, no han concluido el juicio.

El agresor, Ramón Morales, quien ocupaba la plaza de Apoyo Técnico Pedagógico en la Zona Escolar 179 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue condenado a 494 años y nueve meses de prisión: 63 años por pederastia, 252 por pederastia agravada, nueve por pederastia tentativa, 93 más seis meses por violación equiparada agravada y 77 más tres meses por abuso sexual agravado.

También se le impuso una multa por 37 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, Morales apeló la decisión y las víctimas deben esperar a que concluya los recursos que considere necesarios para ver si puede modificar la resolución, por lo que aún no pisa la prisión.

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La sanción contra Morales podría demorar incluso años, junto con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP), debido a que el juez los encontró responsables de no proteger a los niños adecuadamente.

En la sentencia, el juez ordenó dar apoyo psicológico y psiquiátrico a los niños y sus familiares de manera gratuita y por el tiempo que sea necesario. Mientras que el Gobierno federal deberá indemnizar a 12 de las víctimas directas e indirectas, con cantidades que van desde los 47 mil 376 hasta 85 mil 320 pesos.

Además de una reparación del daño inmaterial por 1 millón 450 mil 800 pesos para cada familia afectada, así como apoyos para la adquisición de vivienda, becas educativas hasta la universidad para los niños y apoyo para que sus padres consigan trabajo.

La SEP también deberá emitir una disculpa pública y destinar un día del ciclo escolar para capacitar a su personal, alumnos y padres de familia sobre la prevención del abuso sexual infantil, en cumplimiento de un protocolo creado el sexenio pasado.

Este establece que, de existir un caso de abuso en un plantel escolar, se debe informar a la dirección del plantel, notificar a las autoridades para llevar al responsable ante la Ley, para poner a disposición ministerial al agresor, posteriormente deberá informar a los padres de la víctima, retirar al presunto responsable del grupo y elaborar un acta de hechos, entre otros lineamientos.

Los detalles del caso

Este caso es uno de los 20 que ha documentado la ODI en el país. El 12 de octubre de 2018 autoridades de la escuela convocaron a los padres del grupo donde Ramón Morales daba clases para informar de un incidente donde él mostró sus genitales frente a los alumnos.

Se aseguró a los papás que las autoridades estaban tomando cartas y les pidieron discreción porque Morales ya había sido reubicado. Dicha junta se realizó con la presencia de un abogado de la SEP, quien intentó disuadir a los papás de denunciar al agresor ante la entonces procuraduría capitalina.

Al acudir al Ministerio Público local, nadie les informó que la denuncia debía ser presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de un servidor público.

Pese a todo, Ramón Morales fue detenido el 19 de octubre de 2018 y en diciembre de ese año, la ODI tomó el caso. Entonces, se confirmó que había, al menos 60 casos de abuso por parte de este personaje. Como consecuencia del caso, desde 2021 se intentó mejorar la estrategia de prevención de casos de abuso infantil en las escuelas, como los patrones de múltiples víctimas, agresores y violencia similar en otros hechos.

Pero también el caso destapó la operación de una red de funcionarios involucrados en estos actos y a quienes el juez Delgadillo Padierna ordenó investigar, pues se demostró que algunos de los maestros participaban, facilitaban o permitían, por omisión, que los niños fueran agredidos sexualmente.

Las investigaciones concluyeron que estas omisiones permitieron, incluso, sacar a los niños del kínder para abusar de ellos sexualmente en inmuebles aledaños a su escuela.

Tampoco ha sido identificado a la totalidad de funcionarios coludidos en estos abusos, directamente en el interior del kínder Champagnat.


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