Si bien nadie esperaba de esta investigación un resultado distinto, no deja de ser, por decir lo menos, decepcionante.
Desde que este viernes el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dio a conocer los resultados de la investigación que el presidente Enrique Peña Nieto le instruyó realizar para determinar si hubo conflicto de interés entre éste, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y Grupo Higa por la venta de la llamada Casa Blanca de Las Lomas y de una casa en Ixtapan de la Sal, he escuchado a varios preguntarse por qué si a la vista de todo mundo hubo un intercambio de favores que indigna a millones de mexicanos, éste no será castigado.
Y es que con todo y las maromas legales que tuvo que hacer el secretario Andrade para argumentar a favor del no conflicto de interés, no creo que haya muchos mexicanos ante quienes la imagen del Presidente y del secretario de Hacienda hayan sido redimidas. Peor aún es el mensaje de impunidad que se da a los millones de servidores públicos de todos los ámbitos y niveles: si el Presidente puede, ¿yo por qué no? Y ni qué decir del nuevo raspón que se le da a la credibilidad de las instituciones responsables del combate a la corrupción. En fin, una raya más al tigre.
Si bien nadie esperaba de esta investigación un resultado distinto, no deja de ser, por decir lo menos, decepcionante. Todos sabemos que la investigación nació muerta, en primer lugar, porque el diseño institucional actual para la investigación y sanción de faltas administrativas no ayuda, ya que es el subordinado el responsable de castigar al jefe, y que yo recuerde, eso, en México, no ha pasado nunca.
Otra de las causas de la exoneración es la interpretación que hace el secretario Andrade de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos aun cuando el artículo 8 establece: “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. Así, citando al abogado y académico Max Kaiser, “el verbo rector es puedan. Por eso, lo único que debe demostrarse es si la relación entre el servidor público y el particular pone en peligro el ejercicio imparcial de su función”.
Entonces, estimado lector, dígame usted si la relación de amistad y comercial entre el Presidente de la República y el secretario de Hacienda con Juan Armando Hinojosa, dada antes de entrar en funciones, no puede poner en peligro el ejercicio imparcial de sus funciones actuales. Si bien el secretario Andrade recalcó que la asignación de los contratos que ha conseguido Higa con este gobierno no dependen directamente ni del presidente Peña ni del secretario Videgaray, nadie cree que no puedan influir.
Por eso, en muchos países la mera sospecha de conflicto de interés entre un funcionario y un particular es razón suficiente, incluso, para la renuncia, porque más allá de la imagen personal de los funcionarios, éstos son también depositarios y salvaguardas de la imagen y del prestigio de las instituciones que dirigen.
Un último elemento a considerar es que aun y cuando la SFP hubiera determinado la existencia de conflicto de interés, el Presidente no podría ser sancionado en tanto esté en el cargo por el tipo de fuero que le otorga la Constitución. Pero al menos una utilidad tendrá la investigación realizada por el secretario Andrade: la de servir como ejemplo de lo que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser capaz de evitar. Con un tribunal independiente que investigue y sancione; con una Ley General de Responsabilidades que no dé margen a interpretaciones y con la prescripción en siete años de las faltas de corrupción, el Sistema debe evitar que vuelva a ganar la impunidad.
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