La idea que en fecha recientes hicieron pública tanto Ricardo Anaya como Agustín Basave, dirigentes nacionales del PAN y del PRD, respectivamente, de que sea la PGR la encargada de investigar a los candidatos postulados por los partidos, parte del reconocimiento tácito de que los propios institutos políticos son incapaces de cuidar los procesos de ingreso de militantes y postulación de candidatos, algo que debe ser un procedimiento normal en este ámbito, a no ser porque las fuerzas políticas dan más importancia a servirse con la cuchara grande que a formar ciudadanos que sirvan desde el gobierno.
Incapacidad manifiesta
Para nadie es un secreto que los partidos políticos en México son uno de los mejores negocios que existen en el país. Como tal, el ingreso está condicionado al “cover” que se pueda pagar para formar parte de quienes podrían, con algo de paciencia, convertirse en candidatos en las próximas elecciones. La victoria depende de otros factores, pero por lo pronto vamos a quedarnos en esta etapa de la carrera política de muchos aspirantes.
Así, quienes buscan ingresar a un partido, lo hacen con la idea de recuperar la inversión luego de ganar un cargo de elección, además de fincar las bases para una carrera política que les retribuya económicamente.
Buena parte de los perfiles de muchos de quienes serán candidatos este año, responde lo comentado en líneas anteriores, algo que al interior de los partidos no sorprende pues son de sobra conocidos los que llegan con este tipo de intenciones.
Ahora que el tema de una diputada local en Sinaloa y un diputado federal de Veracruz y sus posibles relaciones con personajes del crimen organizado han sido presentado por varios medios, con los respectivos duelos de acusaciones entre los partidos involucrados, surge la idea de que sea la PGR la encargada de investigar a los militantes y ciudadanos que aspiren a ser candidatos, idea que se estrella contra una realidad que desnuda a los partidos en su incapacidad para establecer procesos de ingreso a sus filas.
En otros tiempos, afiliarse a un partido como Acción Nacional implicaba la recomendación de algún militante para poder ingresar, además de aprobar un examen en donde se debía demostrar conocimiento de la historia y doctrina del partido.
Claro que en otros institutos políticos, el ingreso iba aparejado a la pertenencia a un sindicato o dependencia de gobierno, prácticamente en automático y a pesar de los deseos del nuevo militante.
Con el paso del tiempo, y las alternancias que se han dado en varias entidades del país, la posibilidad de que cualquier partido gane las elecciones hizo que los interesados buscaran la manera de integrarse a las filas de las fuerzas políticas más competitivas. Es por esto que, incluso, se ha llegado al extremo de que integrantes de una misma familia tengan representantes en más de un partido. ¿Les suena el caso de los Yunes en Veracruz?
Asimismo, si en un partido no se recibe la oportunidad, pues existen otros interesados en postular al otrora militante del instituto adversario y, con suerte, ganar la elección.
En todo este escenario, es claro que los dirigentes de los partidos saben –o deben saber– quienes están ingresando a su agrupación y, sobre todo, si muestran apoyos o recomendaciones de cara al reto electoral.
Sin ir más lejos, es una historia conocida que se ha repetido en ocasiones recientes, como en el caso del exasambleista del PAN en la Ciudad de México, Edgar Borja, mostrado en negocios dudosos con la filtración de un par de llamadas telefónicas grabadas de manera ilegal, pero que dieron fin a su carrera política, al menos en el PAN. Borja ingresó al blanquiazul presumiendo recursos y apoyos para pelear por varios cargos, vía electoral, ya sea como diputado local o jefe delegacional, cargo este último que se quedó en simples planes por el incidente ya conocido.
Pero no es el único caso de militantes de nuevo ingreso que lo hacen gracias a los apoyos que han logrado convocar, que siempre van aparejado con recursos económicos suficientes para fincar su incipiente carrera. Hay varios ejemplos de ello en la historia reciente de muchos partidos, en los que gracias a este tipo de recomendaciones, vínculos familiares o de amistad, pueden formar parte rápidamente de las filas de un instituto político.
Así que no sorprende cuando aparecen este tipo de escándalos y llegan a los medios y redes sociales, mucho menos cuando se descubre que algún legislador, funcionario público o dirigente partidista está metido en asuntos ilícitos, aunque al interior de los partidos se finge sorpresa por la balconeada que su correligionario ha sufrido.
La pregunta que se debe hacer, a la luz de los ejemplos comentados en este espacio, es si en verdad los dirigentes de los partidos no sabían que compartían siglas con personajes con antecedentes poco claros.
Tal vez fingir demencia sea el único recurso que les queda, pues la otra opción es que ya sabían, pero como los aludidos pagaron el “cover”, pues ni como decirles que no.
Del tintero
Un día como hoy, 9 de febrero, recordamos el inicio de la decena trágica, pues en 1913 se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta contra el presidente Francisco I. Madero. Nada que ver, a pesar de que insistan algunos, con la docena trágica de los dos sexenios panistas o el trienio trágico que llevamos con la presente administración.
Twitter: @AReyesVigueras
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