En lo que va del siglo XXI, varios políticos mexicanos han enfrentado acusaciones de corrupción o actos irregulares y han respondido denunciando ser víctimas de «campañas de desprestigio» o «persecución política».
Por ejemplo, Ricardo Anaya Cortés, como precandidato a la presidencia en 2018, al ser señalado en un escándalo de lavado de dinero respondió que se trataba de una «guerra sucia» orquestada por el gobierno federal en turno para dañar su candidatura.
Andrés Manuel López Obrador, durante su carrera política, ha denunciado en múltiples ocasiones lo que él considera campañas de desprestigio en su contra. Un ejemplo significativo ocurrió en 2023, cuando acusó a sus oponentes de difundir una «guerra sucia» contra las Fuerzas Armadas y su gobierno.
En septiembre de 2019, Manuel Bartlett declaró en entrevista con El Universal que era objeto de una campaña de desprestigio luego de que se dieran a conocer las múltiples propiedades inmobiliarias que tenía y la dudas de si esto estaba de acuerdo con sus ingresos.
En el bando priísta, Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, cuando fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sostuvo que las imputaciones en su contra formaban parte de una «persecución política».
Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, conocido como «Alito», ha denunciado ser objeto de una «persecución política» y «judicialización de la política» tras la difusión de audios y la apertura de investigaciones en su contra por parte de las autoridades.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, acusado y sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, defendió su inocencia en sus primeras declaraciones, alegando que había sido víctima de una «persecución política».
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012–2018), figuras como su esposa, Angélica Rivera, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, enfrentaron críticas por escándalos como la «Casa Blanca» o presuntos conflictos de interés, y algunos de sus aliados argumentaron que las acusaciones eran manipuladas.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, afirmó que «detrás de los ataques contra los hijos» de AMLO, se busca «calumniar y desprestigiar a nuestro Movimiento», además de acusar que hay una campaña de desprestigio en contra de su partido.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en una de sus mañaneras, a pregunta acerca de los amparos que se presentaron a nombre de dos de los hijos del expresidente López Obrador, que era “parte de la campaña de calumnias”.
Estas declaraciones reflejan un patrón recurrente en la política mexicana, donde los actores acusan a sus rivales o medios de «manipulación» para desviar la atención de acusaciones reales o presuntas. Las “campañas de desprestigio” se han convertido en una respuesta habitual usada lo mismo por los panistas cuando se difundió el video de Villa Balboa que destapó el escándalo de los “moches”, que ahora por los morenistas ante la lluvia de críticas que ha recibido su partido por temas como el turismo de lujo, la ostentación de artículos de lujo o por la supuesta vinculación con el crimen organizado.
Organizaciones como Transparencia Mexicana y México Evalúa han documentado que, en muchos casos, las denuncias de «campañas de desprestigio» coinciden con investigaciones judiciales o escándalos reales, aunque no siempre hay pruebas concluyentes.
En un país en el que la impunidad es la norma y la política es una vía para el enriquecimiento seguro de quienes la practican, las acusaciones no se hacen esperar y la respuesta habitual es casi siempre la misma: “Es una campaña de desprestigio”.
Es momento de hablar no sólo de la impunidad y la corrupción en México, sino también del cinismo de los acusados.
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