La invasión de Irak el 18 de marzo de 2003 fue un criminal acto de guerra que, además de miles de vidas sacrificadas, dejó el más crudo ejemplo de desprecio a los valores de ética y democracia. El abastecimiento seguro de petróleo explica el fondo de las estrategias que llevaron al derroca-miento de Saddam Hussein. Sostenido al principio por intereses angloamericanos, luego fue abandonado por estos mismos al cambiar las conveniencias geopolíticas.
El presidente George W. Bush ya lo había declarado en 1991: “El acceso al Golfo Pérsico y la seguridad de estados amigos en el área es vital para la seguridad nacional de EU”.
La invasión a Irak por la coalición encabezada por Estados Unidos nunca fue apoyada por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU jamás la avaló. Francia, Alemania, Rusia y Canadá se opusieron con vehemencia exigiendo continuar esfuerzos diplomáticos y evitar una acción militar. Todavía se recuerda el brillante discurso ante el mismo Consejo de Seguridad del canciller francés Dominique Villepin, insistiendo en continuar conversaciones hasta aclarar si Irak fabricaba armas nucleares o almacenaba gases letales. “La guerra, dijo, es siempre la constatación de un fracaso”. La posición de Alemania fue en ese mismo sentido. México y Chile, miembros temporales del Consejo, pese a las presiones de EU, se abstuvieron de votar la resolución que autorizaba la invasión.
Las inspecciones aceptadas por Hussein y realizadas por la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) nunca encontraron evidencias de un programa de armas nucleares.
La posición de Gran Bretaña, aliada de EU en todos los frentes, fue de un respaldo total, fiel al compromiso que ahora se sabe que el primer ministro Blair había sellado con el presidente Bush.
Estados Unidos, acompañados de Gran Bretaña y unos cuantos países como Polonia y España, invadieron Irak con el declarado fin de “… desarmar al gobierno iraquí de sus armas de destrucción masiva, terminar con el apoyo de Saddam Hussein al terrorismo y liberar al pueblo iraquí.” En Londres, en la Cámara de los Comunes, el primer ministro Blair hacía suyos los argumentos preparados por la CIA, y el Departamento de Defensa norteamericanos. Tres ministros ingleses renunciarían en desacuerdo. Entre enero y abril de 2003 hubo tres mil manifestaciones de protestas en todo el mundo contra la ya decidida invasión.
En su primera fase de marzo a mayo, la acción coaligada costó 179 bajas, incluyendo los militares británicos cuyos familiares ahora piden juicio político en contra del exprimer ministro. Se calcula que más de cuatro mil soldados y civiles iraquíes murieron.
El miércoles pasado, sir John Chilcot, tras siete años de investigación, presentó un informe de doce volúmenes que constituyen una directa acusación a Tony Blair por su posición solidaria con la insistencia norteamericana en favor de la guerra contra Hussein.
Tratar de evaluar la dimensión del crimen de dicha guerra injustificada choca con el respeto que debemos a los principios de la democracia que no toleran torcer formulismos legales para encubrir decisiones profundamente contradictorias a la ética más elemental.
El que ahora se abra un proceso contra Tony Blair no basta. La responsabilidad mayor del presidente George W. Bush es de flagrante evidencia. La mera posibilidad de dar semejante paso cuestiona la inmunidad, de hecho impunidad, de la que gozan los altos funcionarios de todo el mundo cuando toman decisiones de gran calado.
Por otra parte, la frecuencia con que, invocando democracia, se pide la organización de consultas o referenda para sustentar una decisión es otro aspecto del funcionamiento de la democracia que merece estudio.
Prueba de lo anterior fue el reciente referéndum en Gran Bretaña donde los políticos que abogaron a favor de la opción triunfadora del Brexit, que aisla a Inglaterra de Europa, ahora confiesan la serie de mentiras y de información tendenciosa que difundieron en el electorado.
Años antes, Tony Blair, en su afán por apoyar la invasión a Irak, también avaló los datos falsos que le dio el presidente Bush a quien hoy día los norteamericanos harían bien en llevar a los tribunales.
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