Por: Nayeli Zacarías
De aprobarse la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente al Congreso de la Unión, van a existir varios regímenes jurídicos en materia de electricidad, sin que se otorguen garantías, ni certeza a ningún participante del mercado.
Actualmente están vigentes los llamados participantes por los contratos legados, es decir los que surgieron, producto de la ley servicio público de energía eléctrica de 1992, que quedó abrogada en 2014, pero se mantuvo su vigencia hasta que ellos estuvieran dispuestos a incorporarse al mercado eléctrico mayorista o esperar a que feneciera su contrato de interconexión.
Esos contratos son los que no le gustan al actual gobierno, porque considera que hay un abuso en la tarifa. Por eso, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aumentó hasta 800% en octubre pasado las tarifas de porteo.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que estás prácticas atentan contra el régimen de competencia y que constituyen barreras de entrada, que están alentando el uso de tecnologías obsoletas y eventualmente sucias.
De aprobarse la iniciativa, contribuiría a la judicialización histórica de la actividad energética en el país.
El problema de hoy es que la generación eléctrica depende en 36% de productores independientes de energía. Si éstos se retiraran, generarían un problema de abasto en el país.
La CFE no tiene la capacidad para cubrir la demanda agregada de electricidad que se va a suscitar en los próximos años.
Por otra parte, empresarios del sector terminarían por retirarse, al no encontrar garantías de utilidad o certidumbre que mitiguen sus riesgos.
Es tiempo de hacer unos cambios haciendo uso de nuestro poder ciudadano creando redes y votando.
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