Emilio Álvarez Icaza, es el secretario ejecutivo de la CIDH, cuyo reglamento impide a sus titulares participar en casos de sus países de origen.
Samuel González Ruiz, ex asesor interregional para asuntos de justicia penal en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, reiteró que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, incurre en conflicto de interés, pues está impedido —al ser mexicano— de conocer asuntos suscitados en México como titular del organismo.
Entrevistado por El Economista, mencionó que el artículo 17, párrafo 2, inciso A del Reglamento de la CIDH es claro cuando refiere que “los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos: a) si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado”.
Afirmó que Álvarez Icaza además colaboró como consejero y asesor de organizaciones como Cencos y Tlachinollan, que actualmente asesoran a los padres de los 43 normalistas.
Calificó como un “error gravísimo del gobierno mexicano”, quien solicitó el auxilio de la CIDH para el caso Ayotzinapa, desconocer el reglamento del personal de la OEA.
Consideró que el GIEI no debe tener una ampliación de plazo de seis meses de estancia en México.
Añadió que el investigador chileno Francisco Cox Vial, quien forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana, cobró honorarios antes de ser nombrado como experto independiente, en las organizaciones en las que colaboró Álvarez Icaza en Guerrero.
Samuel González refirió que, en particular la organización Cencos financió a familiares de los 43 normalistas para que pudieran acudir a Filadelfia en Estados Unidos, a fin de buscar reunirse con el papa Francisco para solicitarle se pronuncie sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Luego de que el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, propusiera una comisión de la Organización de Estados Americanos para revisar el caso Ayotzinapa, Samuel González Ruiz dijo que la OEA no es la vía para establecer una fiscalía internacional, pues todos los casos internacionales tienen que ver con la ONU.
Destacó que la investigación del GIEI deja mucho que desear en cuanto a las dudas que plantea, ya que no aporta elementos sobre qué pudo ocurrir si los estudiantes normalistas no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, como sostiene la indagatoria de la PGR.
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