Por: Diego Fernández de Cevallos
Es cómodo quedarse con lo resuelto por la Suprema Corte sobre una ley estatal acerca del aborto, pero seguirán las tragedias para las mujeres y, en no pocos casos, los asesinatos de los más indefensos: los no natos.
Es indiscutible el deber de la sociedad y del gobierno de hacer una defensa eficaz a todas las vidas humanas, desde que comienzan hasta que terminan de manera natural; y de garantizar los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Difícil equilibrio entre bienes jurídicos que en ocasiones colisionan.
La Corte dijo la última palabra en lo jurídico, y fue respetuosa de los criterios de las iglesias, organizaciones e individuos que discrepan con ella, pero el debate continúa… Eso no debe ser frustrante, pues solo advierte algo saludable: la separación de lo estatal y jurídico de lo religioso y de conciencia que, siendo preferibles las coincidencias, en ocasiones no se logran.
Sí, al haber sido tan repetitivos los señores ministros en destacar los derechos de la mujer para decidir con libertad sobre su maternidad y continuar o no con su preñez, propiciaron la conclusión (falsa), en muchos medios y sectores de la sociedad, que la Corte “despenalizó el aborto”, sean cuales fueren sus tiempos y circunstancias.
Eso es falso: la Corte solamente resolvió la inconstitucionalidad parcial de una ley de Coahuila y siempre se refirió a que no deben ir a la cárcel las mujeres (y quienes les auxilien) por abortar durante los “primeros días de la gestación”. Eso no implica la despenalización de todos los abortos.
La defensa de la vida humana desde su principio natural hasta su fin natural es un derecho que debe garantizar toda sociedad civilizada. En la barbarie cualquier aberración es aceptada, pero ese no es el centro del debate, sino discutir si la verdadera defensa de ese bien (la vida humana) se logra siempre con acciones punitivas del Estado (como lo es encarcelar a las mujeres que toman esa peligrosa y difícil decisión).
En este caso: creo que frecuentemente no es la mejor ni más justa defensa que debe y puede hacerse de la vida humana.
Hay, además, acciones más eficaces para preservar la vida de los no natos, como son los medios educativos, preventivos, profilácticos o de adopción, y no impulsar a las mujeres a los abortos clandestinos y a su encarcelamiento.
Nuestras leyes penalizan los abortos que se ejecutan después de las primeras 12 semanas de la gestación, salvo en violaciones, dictámenes de inviabilidad del feto o riesgo para la vida de la madre.
Atender a la ciencia sobre el principio de la vida humana (maternidad y paternidad) es el punto de partida para la solución, al margen de dogmas y griterías; aquellos determinan conductas individuales, y quienes pueden gritar, es porque no fueron abortadas.
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