El desarrollo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha estado en el centro del debate político en México, especialmente tras la emisión de dos decretos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscan beneficiar su crecimiento. Sin embargo, estas medidas han atraído la atención crítica del Departamento del Transporte de Estados Unidos, que las ha calificado como violaciones al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo entre ambas naciones. Este contexto se agrava cuando se recuerda que, durante su administración, el expresidente Donald Trump revocó trece rutas aéreas de México, un hecho que refleja el impacto que decisiones unilaterales pueden tener en la diplomacia y en el comercio aéreo.
Los decretos emitidos por López Obrador contemplan incentivos para aerolíneas y beneficios fiscales que promueven el uso del AIFA, con el objetivo de posicionarlo como un competidor digno frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Mientras que estas iniciativas podrían parecer positivas desde un punto de vista nacional, existe una preocupación creciente sobre su conformidad con los acuerdos internacionales y las posibles repercusiones en la relación con Estados Unidos.
Las violaciones alegadas al Acuerdo Bilateral se centran en cómo estos decretos podrían dar ventajas desleales a las aerolíneas mexicanas. El Departamento del Transporte estadounidense ha enfatizado que estas acciones podrían afectar la equidad en las prácticas comerciales y abrir un conflicto diplomático que involucre posibles sanciones o restricciones adicionales. Esto pone al gobierno mexicano ante el dilema de equilibrar el impulso por el crecimiento del AIFA con la necesidad de mantener buenas relaciones bilaterales, esenciales en el comercio y el transporte aéreo.
Recordemos que la revocación de las rutas aéreas por parte de Trump no fue solo una decisión aislada, sino un reflejo de una administración que priorizaba la protección de intereses nacionales y que gobernaba con un enfoque muy particular hacia las relaciones comerciales. Su estilo, a menudo caracterizado como impulsivo y poco estratégico, dejó consecuencias que hoy resuenan en la política aérea entre México y Estados Unidos. La administración de López Obrador debe ser consciente de estas lecciones del pasado si desea evitar caer en la misma trampa de la cuales sus predecesores fueron víctimas.
No obstante, los defensores del AIFA argumentan que estas acciones son esenciales para promover la inversión en infraestructura y diversificar las operaciones aéreas en el país. Indican que un crecimiento desmedido del AICM podría desbordar su capacidad y, por ende, afectar el tráfico aéreo. Sin embargo, esta perspectiva no puede ignorar el papel fundamental que juegan los tratados internacionales en la regulación del transporte aéreo y cómo el incumplimiento puede resultar en consecuencias adversas.
La situación actual presenta un panorama complejo en el que se deben sopesar las necesidades de crecimiento local frente a los compromisos internacionales. La capacidad de la administración de López Obrador para navegar en estos tumultuosos mares de relaciones internacionales y desarrollo económico será crítica para el futuro del AIFA y la aviación en México.
A medida que se avanza, será esencial observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y las respuestas tanto a nivel nacional como internacional. La historia reciente nos muestra que el costo de actuar sin considerar las repercusiones puede ser bastante alto.
