Respuesta de la senadora Adriana Dávila, al artículo titulado “Perdieron los tratantes y dueños de giros negros”
El pasado 03 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo al proyecto de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. A diferencia de la Cámara de Senadores, donde fue aprobada por unanimidad, en la colegisladora diversos diputados realizaron reservas, especialmente al artículo 10 de la citada reforma, que define el tipo penal del delito de trata de personas; 49 legisladores se pronunciaron en contra, aunque el proyecto fue aprobado en lo general.
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Derivado de este proceso legislativo, la señora Rosa María de la Garza, que se hace llamar Rosi Orozco, publicó el 13 de diciembre, en este diario, el artículo “Perdieron los tratantes y dueños de “giros negros”, en el que hace señalamientos falsos, injuriosos y dolosos en mi contra, pero también demerita directamente el trabajo de las y los Senadores que participaron en este proyecto de reformas, por lo que me permito hacer las siguientes precisiones:
Al margen de recurrir al argumento falaz ad misericordiam, consistente en el uso de emociones de compasión para dar validez a lo que sostiene, como es utilizar nombres e historias de las víctimas para exhibirlas y revictimizarlas (como es el caso de Victoria), se afirma que las y los Senadores de la República fueron engañados, manipulados y sometidos para aprobar el 75% de las modificaciones presentadas a la Ley vigente.
Nada más falso que esa afirmación. Las y los Senadores que trabajamos en conjunto el dictamen, con apoyo técnico jurídico, corregimos alrededor de 60 errores de la ley vigente, como lagunas legales, redacciones confusas, artículos duplicados, ambigüedades e imprecisiones en el tipo penal, por mencionar algunos, para hacer eficaz en los hechos, el castigo de este delito.
Se duda de la participación del Gobierno Federal en estos trabajos. Las y los Senadores realizamos un trabajo parlamentario sin mezquindades o protagonismos de ningún tipo. Todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta avalamos y votamos por unanimidad esta minuta, luego de una serie de reuniones, consultas y foros con expertos en la materia nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, los poderes ejecutivo y judicial de la federación, las procuradurías estatales, los poderes judiciales de los estados y los congresos locales, a través de la creación de la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, así como con académicos especialistas en el combate contra la trata de personas. Toda esta información se encuentra disponible en la página de Internet del Senado de la República.
Hasta el momento, en ninguna de sus columnas, comentarios o entrevistas, la Señora ha indicado, presentado o señalado, cuáles son los artículos y por qué según ella, benefician a los tratantes o perjudican a las víctimas. Cabe señalar que en los 16 meses de trabajo para procesar estas modificaciones, no recibimos en el Senado de la República, de manera oficial o verbal, propuestas de cambio a algunos de los artículos modificados por parte de las asociaciones que ella representa legal o moralmente.
En el texto, a nombre de las víctimas, se pregunta que “para quienes sufren por este delito es más difícil comprender por qué en tantos estados no se hace justicia”. La respuesta es simple: el marco legal vigente no ayuda a las autoridades a procesar y castigar a los culpables de la trata de personas, porque no se puede configurar el delito. Basta revisar el Diagnóstico que presentó recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde la aprobación de la Ley vigente hasta Junio de 2014, sólo se han dado 1,469 averiguaciones previas, 490 consignaciones y 103 sentencias. Si como dice en su artículo, se han cerrado miles de giros negros, ¿dónde están todos esos presuntos delincuentes? Y por consiguiente ¿dónde está la eficacia de la ley? Estos datos son una verdadera ofensa para las víctimas, por la cantidad de personas involucradas en la comisión de este delito, que deja ganancias ilícitas casi equiparables a las del narcotráfico.
Se expone -quizás eso da sentido a la permanente descalificación-, lo extraño que resulta presentar modificaciones al 75% de los artículos, “destruyendo gran parte de la ley original (vigente) que se elaboró escuchando a víctimas… Si queremos medir la eficacia de una ley normalmente se deben esperar tres años…”. Es lamentable este argumento. ¿Debe esperar un proceso de valoración temporal, una ley, porque los autores y promoventes se nieguen a reconocer las deficiencias técnico-operativas del marco jurídico actual? ¿Quién es capaz de “justificar” con la temporalidad de una ley, la falta de resultados para castigar toda la cadena delictiva? Solamente quien tiene intereses de otra naturaleza, que no son precisamente la defensa de las víctimas.
De aplicar la lógica de la señora De la Garza o Rosi Orozco, no se hubieran realizado cambios a la Ley General de Víctimas, semanas después de ser promulgada por el Presidente de la República. Ese ordenamiento se modificó en más del 85% del articulado, para que fuera funcional y operativo.
Mi desarrollo profesional, desempeño partidista y aspiraciones políticas son públicos. Estoy convencida que para atender y resolver los graves problemas del país, debe existir compromiso con responsabilidad en la búsqueda del bien común, es decir, vocación de servicio. Yo no mezclo mis aspiraciones políticas con mi compromiso legislativo. El pronunciamiento del Senado en su conjunto, en la sesión ordinaria del pasado 14 de diciembre, así como el desplegado periodístico en varios diarios de circulación nacional del día 15 de diciembre, lo demuestran.
Agradezco a este medio la oportunidad para exponer mis argumentos.
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