De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y analizados por TResearch International, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han denunciado 289 casos de aborto en México. Esta cifra representa un descenso del 63% en comparación con los registros de 2024, lo cual marca una tendencia significativa en la incidencia de este delito en el país.
En abril de 2025, se reportaron 71 denuncias por aborto, lo que refleja un aumento del 11% respecto al mismo mes del año anterior. Aunque este incremento mensual puede parecer relevante, forma parte de una disminución generalizada a nivel nacional que ha caracterizado al actual periodo gubernamental. La variación anual muestra cómo, en términos generales, las denuncias por aborto han disminuido drásticamente en casi todas las entidades federativas.
Tres estados concentran la mayor parte de estos casos: Nuevo León (87 denuncias), la Ciudad de México (80) y el Estado de México (30). Juntos, estas tres entidades suman el 68% de las denuncias totales registradas durante el sexenio actual. Este patrón sugiere que, aunque el fenómeno está presente en todo el país, ciertas regiones presentan mayores índices de denuncias relacionadas con el aborto.
Al considerar la tasa por cada millón de habitantes, Nuevo León encabeza el ranking con 15 denuncias por millón de personas, seguido por la Ciudad de México con 9 y Baja California con 5. Estas cifras permiten ajustar la percepción del fenómeno según la densidad poblacional y ofrecen una visión más precisa sobre la distribución relativa del delito en distintas regiones del país.
Es importante destacar que, si bien estas estadísticas representan únicamente las denuncias formales recibidas ante las autoridades, su evolución permite inferir ciertas tendencias sociales y jurídicas. El descenso generalizado podría estar vinculado con cambios en la legislación local, campañas de prevención o una mayor conciencia sobre los derechos reproductivos, aunque sería necesario realizar estudios más profundos para confirmar dichas hipótesis.
Por otro lado, la variabilidad entre estados es notable. Mientras entidades como Coahuila, Campeche o Yucatán registran cero denuncias, otros estados muestran cifras considerablemente altas. Esta disparidad plantea preguntas sobre las diferencias regionales en cuanto a acceso a servicios de salud reproductiva, cultura legal y respuesta institucional.
En resumen, los datos revelan un panorama complejo pero con una clara dirección descendente en materia de denuncias por aborto en México. Si bien persisten desafíos en ciertas regiones, el contexto general sugiere avances en la gestión pública y en la comprensión social de estos temas.
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