A propósito del día del niño y la niña: uno de los temas más recurridos en estos días fue el caso de Alondra Luna. En junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas que implicaron la mayor ampliación de derechos humanos, al menos en América Latina. Entre ellas estuvo el reconocimiento al principio del interés superior del niño como rector de interpretación.
Sin embargo, el caso de Alondra Luna mostró cuán inseguros son los supuestos protocolos en los casos de restitución de menores (en realidad deberíamos buscar otro nombre porque estos casos tienen connotación penal). Un video muestra cuando la policía la sacó de la escuela para llevársela a Estados Unidos porque alguien la señaló como su hija y autoridades judiciales de los dos países lo dieron por cierto. Así es como se dio la tragedia. Del caso no hay a quién irle, el principio del interés superior del niño brilló por su ausencia.
Al parecer, las autoridades mexicanas se limitaron a dar una especie de “entera fe y crédito” y según dicen, la Interpol pidió a la Policía Federal que fuera por la niña y la juez mexicana lo autorizó. Muy mal, dicen algunos, pero ¿a las autoridades de EU no habrá qué revisarlas? y si Alondra hubiera sido norteamericana, ¿hubieran colaborado porque una juez de Los Reyes, Michoacán pedía su restitución? Lo dudo.
El artículo 4o. Constitucional junto con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece una serie de derechos que por supuesto no fueron tomados en el proceso.
Lo impresionante es la serenidad de Alondra, quien por cierto fue con su familia a apoyar a la candidata del PAN en Guanajuato: Ruth Lugo; incluso se tomó una selfie con ella y con Josefina Vázquez Mota. Algo hicieron bien sus papás que le dieron seguridad y serenidad a pesar de la angustia vivida.
A propósito de mujeres: hace unos días, se aprobaron las reformas constitucionales para el Sistema Nacional Anticorrupción. Hubo mucha participación de legisladores hombres y mujeres, así como de consultas a expertos. La reforma implicó crear el Tribunal de Justicia Administrativa así como el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del propio sistema. Hay mucho que decir al respecto, pero por el momento es importante pedir a las autoridades que tienen que decidir la integración del tribunal y de los comités que por favor se fijen que también la integren mujeres.
Mi temor es fundado. El dictamen del Senado señala: “…tuvimos la oportunidad de escuchar a distinguidos investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil.” El dictamen menciona los nombres de quienes presentaron su exposición. Todos muy respetables, pero ahí les van los nombres (omito los apellidos): Eduardo, Alejandro, Juan, Marco Antonio, Mauricio, Luis Carlos, Sergio y Max. Ninguna mujer. Al leerlo se me ocurrieron algunos nombres: María, María Amparo, Jacqueline y Tere.
Más adelante el dictamen señala que contaron con “la participación de distinguidos servidores públicos”. Ahí les van los nombres: Raúl, Manuel y Juan Manuel. Ninguna mujer.
La honestidad no depende de si alguien es hombre o mujer, pero las mujeres no han tenido el historial de corrupción que sí han tenido los hombres en el país. ¿Por qué no se les ocurrió que las mujeres tenían que aportar algo? Si quieren propuestas para el Tribunal o para cualquiera de los dos comités, somos muchas las que les podemos sugerir nombres de mujeres con capacidad e integridad para estar a la altura de lo que México necesita en tan importante sistema: el de la Anticorrupción.
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