Hoy entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal y, con él, la aplicación de un catálogo de fórmulas de fracaso comprobado en el pasado.
Una vez más, quienes transitamos en la capital del país estaremos sujetos al abuso de la autoridad, a la falta de mecanismos de control institucional que mitiguen los riesgos de nuevos espacios a la corrupción, y a una inercia de política pública que de poco servirá para aportar soluciones al caos vial.
Llama la atención la falta de voluntad del Gobierno del Distrito Federal por impulsar una transformación real de la cultura vial o, cuando menos, una política integral acorde con su planteamiento ideológico de izquierda. En lo general, el legado de esta autoridad de las delegaciones afines ha sido el de la improvisación traducida en infraestructura mal hecha, dispendio de recursos públicos, desarticulación entre instancias internas de decisión y legislaciones de avanzada que son, prácticamente, letra muerta a la hora de medir la calidad de vida de los capitalinos.
Ahí está la Ley de Movilidad, aprobada hace ya varios meses, la cual prometía un reordenamiento de fondo, en beneficio de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. A la fecha, muy poco se sabe de sus alcances y trabajos técnicos de planeación urbana. Los vecinos del Distrito Federal seguimos sin atención eficiente en cruceros peligrosos para quienes caminan; la deficiente infraestructura ciclista generada por la anterior administración de la Miguel Hidalgo, por ejemplo, ha dejado ya varios atropellados, así como los incentivos para dejar estacionado el vehículo para dar paso al uso de otras formas de movilidad, se quedaron escondidos en las estenográficas de quienes hablaron de alternativas seguras y decorosas para las familias.
Las acciones posteriores en este rubro de política vinieron a mostrar una mayor desarticulación. Entra en vigor un reglamento de tránsito que parece seguir la lógica legal de movilidad sin sustento en lo real. Así, por ejemplo, a los peatones se les deben garantizar vías libres de obstáculos. Sin embargo, la autoridad local ha venido dejando crecer, desde el ambulantaje, hasta la expansión de giros comerciales hacia las banquetas. A los ciclistas se le concede toda una serie de derechos, sin que haya mediado una campaña de sensibilización sobre la sana convivencia entre bicicleta y vehículos motorizados que, de hecho, debió ser consecuencia lógica de la propia ley de Movilidad. El transporte público sin mejora es hoy la principal amenaza que enfrentan ciclistas y motociclistas.
Para rematar, la fórmula fracasada para los automovilistas. ¿Cuántas veces en el pasado se ha restringido el número de policías con facultad para imponer infracciones o prohibido el uso de aparatos tecnológicos que distraigan la atención del conductor y la invasión de cruces peatonales? ¿La vigencia de mayores infracciones de tránsito y chalecos distintivos realmente nos llevará a un tránsito eficiente? O peor aún, ¿cuántos coches rentan catalizadores para poder pasar la verificación y terminan regresándolos, una vez que obtienen la circulación diaria agudizando el tráfico y generando un entorno vial caótico?
A los capitalinos se les recetan fórmulas fracasadas porque la autoridad del Distrito Federal se resiste a aplicar controles de integridad a las instancias responsables de aplicar la política pública. Al igual, el GDF abrió la puerta a que todo vehículo antiguo que pase la verificación podrá circular como uno de reciente tecnología. ¿Acaso comunicó las medidas para impedir la mordida en los verificentros? Vaya manera de desincentivar el flujo vehicular.
Mucho camino falta para conseguir una movilidad y un tránsito acordes con una de las principales ciudades del mundo; sin embargo, a golpe de leyes con letra muerta, infraestructura deficiente y corredores peatonales en medio de proyectos comerciales, no constituyen la vía para avanzar en la ruta adecuada.
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