El INE necesita cuentas claras, no zonas oscuras

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La confianza en las elecciones no surge solo el día de las elecciones. Se construye mucho antes: en la imparcialidad de quienes organizan las elecciones, en el profesionalismo del personal que las organiza, en la transparencia con la que se maneja cada peso para asegurar la votación…

Por eso, los eventos que han puesto al Instituto Nacional Electoral en crisis institucional nos obligan a mirar más allá de nombres, videos o peleas políticas. La renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta de la organización; las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones; las preguntas sobre la transformación de su estructura administrativa requieren que veamos cómo se utilizaron los recursos y qué controles existen para prevenir abusos.

No se trata de culpabilidad: corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades de acuerdo con el debido proceso, pero tampoco podemos minimizar el alcance de las acusaciones o ignorar las preguntas que se han acumulado a lo largo de los años.

 

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Una transformación que necesita explicaciones

En Excélsior, Aurora Zepeda mostró la magnitud de los cambios en la estructura laboral del INE durante los primeros tres años de la administración de Guadalupe Taddei: al comparar informes de 2023 y 2026, encontró que 653 de los 914 puestos de dirección media y alta en las oficinas centrales —71.4%— estaban ocupados por personas que se unieron después del inicio de esta administración, mientras que en el Servicio Profesional Electoral Nacional era aún mayor: 697 de 861 sin un puesto vocal —80.9%— eran nuevos ingresos. Estos movimientos están acompañados por más de 1,500 jubilaciones voluntarias entre 2024 y 2025, lo que muestra cuán grande es el cambio de personal en el Instituto.

La investigación también hace una importante aclaración metodológica: se tuvieron que comparar registros para distinguir las entradas recientes de los movimientos de reasignación de trabajadores con antigüedad y recuerda que los puestos del Servicio Profesional Electoral se llenan a través de concursos públicos. Por lo tanto, las cifras no prueban por sí mismas irregularidades en cada nombramiento, pero sí plantean preguntas fundamentales (¿qué criterios se utilizaron para renovar la estructura?, ¿cómo se preservó la experiencia técnica acumulada?, ¿qué garantías hubo de que los movimientos cumplieron con la ley?)

Este panorama se refuerza con testimonios de trabajadores que (según la cobertura periodística) reportaron intimidación, acoso y presiones laborales. Estas son acusaciones que deben ser investigadas y aclaradas, pero también hay un tema institucional que no puede ser ignorado: el INE depende de la experiencia, capacidad técnica e imparcialidad de su personal; cualquier cambio en su estructura no debe debilitar estas capacidades y debe asegurar que sus funciones se mantengan plenamente.

 

Fiscalizar antes, no lamentar después

En este caso, no es suficiente esperar a que se completen las investigaciones o reaccionar cuando los problemas ya son públicos. Los controles deben ser permanentes para prevenir irregularidades y saber cómo se está utilizando el dinero de los mexicanos para organizar elecciones.

Para esto es la iniciativa que he propuesto: establecer la fiscalización en tiempo real de los contratos electorales sustantivos del INE. La propuesta modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la transparencia y la supervisión externa se conviertan en obligaciones legales permanentes.

La razón es simple: la supervisión de los contratos del árbitro electoral no puede depender de que estalle una crisis para activarla o de la voluntad del propio organismo auditado. Se deben establecer reglas para que cada procedimiento pueda ser conocido, seguido y evaluado desde el principio, no solo cuando los contratos ya han sido firmados y los recursos utilizados.

 

El dinero público también bajo la lupa

El trasfondo de la iniciativa dice que entre 2014 y 2025 se adjudicaron contratos por un total de 2,461 millones de pesos a cinco empresas; también se habla de posibles vínculos entre proveedores y servidores públicos. Luego están las seis denuncias penales reportadas por el Órgano Interno de Control y las investigaciones de la ASF sobre contratos de la autoridad electoral (ASF).

El propio INE acordó pedir a la ASF que revisara sus contratos para 2016-2026 y testigos sociales. Este es un buen paso, pero no reemplaza una obligación legal permanente: un acuerdo administrativo puede ser modificado; una norma creada por ley crea obligaciones, plazos y responsabilidades.

Todo debe ser aclarado con documentos, auditorías y procedimientos legales. Pero hay una pregunta que no podemos dejar para más tarde: ¿por qué el control de los contratos del árbitro electoral debe depender de si se presentan quejas o denuncias?

La propuesta de mi iniciativa es concreta: que el INE registre dentro de los próximos tres días hábiles cada etapa de los contratos para materiales y documentación electoral, credenciales de votantes, listas nominales, sistemas de resultados, logística y servicios esenciales para la organización de elecciones (convocatorias de investigación de mercado; decisiones; contratos; modificaciones; entregas; facturas; pagos; liquidaciones). También deben identificarse los socios, accionistas y beneficiarios controladores de los proveedores.

El sistema sería gestionado por la Auditoría Superior de la Federación, no por el propio INE. La ASF y el Órgano Interno de Control (OIC) tendrían acceso completo; el Consejo de Testigos Sociales podría consultar la información que necesitaran para llevar a cabo su trabajo, con reservas específicas para proteger la seguridad respecto a las boletas electorales, credenciales, rutas de distribución y datos del registro. El público tendría una versión pública en datos abiertos.

La iniciativa también establece un Consejo de Testigos Sociales para Contratos Electorales con cinco perfiles especializados (sociedad civil, academia, derecho, contabilidad e informática). Sus miembros podrían observar procedimientos; verificar entregas; dar testimonios públicos; emitir Alertas de Integridad en caso de que haya irregularidades. La ASF tendría que resolverlas dentro de diez días hábiles.

No se trata de crear un organismo que reemplace a las autoridades, interfiera con las decisiones del Instituto o vete contratos. Se trata de la trazabilidad de la información, la supervisión independiente y la atención oportuna a las alertas. La omisión o falsedad en los registros tendría consecuencias de acuerdo con el régimen de responsabilidad.

Hay otra razón también: el INE ya obliga a los partidos a registrar su contabilidad en línea e informar sobre operaciones en plazos cortos. Si el árbitro electoral tiene herramientas para verificar cómo los partidos utilizan sus recursos, entonces también debe seguir reglas claras para que sus propios contratos sean transparentes. La rendición de cuentas no puede ser una obligación para algunos y una opción para otros.

 

La autonomía no es ausencia de controles

La independencia del INE es necesaria para protegerlo de las presiones del poder político, pero no lo coloca por encima de la ley ni lo exime de explicar cómo contrata, a quién contrata y cómo utiliza los recursos públicos. La autonomía es la independencia para hacer su trabajo con transparencia y rendición de cuentas.

La crisis debe ser utilizada para corregir vacíos, no para debilitar al Instituto o dudar de cada decisión sin evidencia. México necesita un organismo electoral profesional autónomo con personal capacitado, proveedores identificables y contratos transparentes y auditables.

La confianza en las elecciones comienza mucho antes de que se abran las urnas: comienza con la transparencia de cada peso gastado para organizarlas. Cuentas claras, supervisión externa y participación ciudadana no son amenazas para la autonomía del INE; son condiciones para su preservación.

El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR

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