La provisión de servicios de salud a la población no es un gesto gracioso por parte del Estado, es un derecho humano fundamental. En efecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud reconocen a la salud como un derecho inclusivo que tiene toda persona para el acceso al más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
En últimas fechas hemos sido testigos de movilizaciones y paros de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en al menos 37 ciudades de 25 entidades federativas del país. Las peticiones son diversas y, en su mayoría, también legítimas: presupuesto para la salud de, al menos, siete por ciento del Producto Interno Bruto; aumento del 10 por ciento al salario tabular; dotación de insumos y equipo médico; ampliación del personal en clínicas y hospitales; basificación de trabajadores; respeto a la libertad sindical y la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos (lo cual no depende de la autoridad sino de la autonomía y libertad sindical).
La primera reacción de la presidente Sheinbaum fue minimizar la asistencia y magnitud de la protesta, en su conferencia mañanera del 14 de octubre pasado. Pero la actuación gubernamental, en los últimos ocho años, ha sido lamentable, comenzando por López Obrador y, ahora, por Claudia Sheinbaum.
El signo de su actuación y sus dichos ha sido la mezquindad, la mentira, la burla, la ofensa, la incompetencia y la indolencia.
El colmo es que destruyeron lo que servía, como lo fue el Seguro Popular; ese al que AMLO criticaba diciendo que ni era seguro ni, tampoco, popular. Pues con dicho instrumento se protegía a 57 millones de mexicanos que, por la irresponsabilidad presidencial quedaron sin acceso a servicios de salud. En lugar del Seguro Popular crearon, a principios de 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Fue tan mal planeado y funcionó tan erráticamente que desapareció en mayo de 2023. En teoría, fue creado para atender a todas las personas que no tenían acceso al IMSS o al ISSSTE, pero todo les salió mal, incluido el desabasto de medicamentos. Tras el fracaso del Insabi, transfirieron sus atribuciones y tareas al llamado IMSS-Bienestar, que también ha resultado notoriamente rebasado.
Y la última ocurrencia, más allá de Dinamarca, es el lanzamiento de la política “Cero Rechazos”, con los nuevos “Consultorios del Servicio Universal de Salud”, diseñado para garantizar que cualquier persona sea recibida, valorada, orientada y atendida de manera gratuita, con independencia de su situación laboral o de si es derechohabiente o no del IMSS o del ISSSTE.
Según el proyecto, en todo consultorio se echará mano de los mismos medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio y habrá un expediente electrónico único. ¿Ustedes les creen? Yo tampoco. Pero como se aproximan las elecciones, prometer no cuesta. Ya luego culparán a la noche, a la playa, a la luna o a Calderón. Son unos miserables.
