Durante los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las denuncias por robo a casa habitación en México han sumado un total de 49,609 casos registrados, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes. A pesar de la preocupación constante de la ciudadanía por la seguridad de su patrimonio, los datos revelan una importante y sostenida tendencia a la baja en la incidencia de este delito a nivel nacional.
En el corte específico correspondiente a mayo de 2026, se reportaron 2,580 denuncias por este ilícito en todo el país, lo que representa una disminución del 12 por ciento si se le compara directamente con el mismo mes de 2025, periodo en el que se contabilizaron 2,932 casos. Este descenso confirma que el comportamiento histórico del delito muestra una reducción notable desde hace años, pasando de los 92,947 casos registrados en 2017 a los 36,490 reportados al cierre de 2025, mientras que el acumulado parcial de 2026 ya suma 13,119 expedientes.
Para comprender a fondo este fenómeno delictivo, es fundamental analizar cómo se concentran los casos en las diferentes entidades federativas del país. Durante el actual sexenio, tres estados concentran por sí solos el 27 por ciento de todas las carpetas de investigación por robo a casa habitación. El Estado de México encabeza este rubro con 5,968 registros, seguido de cerca por Guanajuato con 3,957 casos y la Ciudad de México con 3,532 denuncias acumuladas hasta la fecha.
Sin embargo, al medir la incidencia en proporción directa con el número de habitantes —es decir, la tasa por cada millón de personas—, el panorama nacional muestra matices interesantes. Aguascalientes encabeza los registros con 1,637 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen Baja California Sur con 1,568 registros y Colima con 1,287 casos, lo que evidencia que algunas entidades con menor densidad poblacional enfrentan tasas relativas muy elevadas de este delito.
Los analistas en seguridad señalan que, si bien las cifras absolutas muestran un alivio estadístico en comparación con la década pasada, la percepción de vulnerabilidad entre las familias mexicanas sigue exigiendo atención prioritaria. La prevención del delito, el fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la coordinación efectiva entre corporaciones policiales son elementos clave para consolidar estos avances. Además, el seguimiento puntual de las estadísticas permite a los gobiernos focalizar operativos en las zonas de mayor riesgo.
Con estos datos sobre la mesa, derivados de los registros oficiales de incidencia delictiva, el gran reto para las autoridades federales y locales radica en mantener la tendencia decreciente y garantizar que la tranquilidad regrese de forma definitiva a los hogares de todo el país.
