En el primer trimestre de 2026 se mantiene una reducción generalizada en todos los indicadores respecto al mismo periodo de 2025, con una importante caída de 33% en homicidios dolosos. Sin embargo, esta tendencia debe leerse con cautela.
Homicidio doloso: -33%.
Otros delitos contra la vida: -24%
Desapariciones: -23%
Feminicidio: -15%
Homicidio culposo: -5%
Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22%
Esta reducción reciente de los indicadores debe analizarse a partir de hipótesis explicativas y no atribuirse automáticamente a una sola causa.
En México Evalúa, planteamos que existen, al menos, tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no:
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La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales.
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Bajo esta lectura, la disminución observada en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas podría explicarse por dos tipos de políticas coordinadas entre la federación y las entidades. Primero las preventivas, con un marcado sesgo de tipo social; y segundo las operativas, orientadas al debilitamiento de las organizaciones (decomisos de armas, drogas, vehículos y detenciones de liderazgos criminales con responsabilidades operativas).
A favor de esta hipótesis, en marzo se observa una intensa actividad gubernamental: programas sociales, ferias de paz, visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, mesas de paz, consejos locales, detenciones, decomisos de drogas y aseguramientos de armas. Esto muestra un despliegue amplio del Estado para intervenir la violencia desde una lógica multidimensional, que no se limita únicamente al uso de la fuerza. Sin embargo, la principal reserva es que la información disponible no permite identificar con precisión qué acciones explican la reducción del homicidio.
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La existencia de regímenes criminales. En algunas entidades, la baja de asesinatos podría explicarse por el control de una organización criminal sobre el territorio.
En Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Tabasco, Michoacán, Chihuahua o Morelos, la presencia de organizaciones con capacidad regional o nacional puede hacer que la violencia letal no desaparezca, sino que cambie de forma: desapariciones, feminicidios u otros delitos contra la vida.
Por ello, la baja del homicidio se debe contrastar con otros indicadores que muestren si el Estado recuperó control territorial o si, por el contrario, la violencia fue administrada por los propios grupos criminales.
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Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías.
Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), convocó a organizaciones de la sociedad civil para presentar diagnósticos sobre la calidad de los registros de incidencia delictiva y de personas desaparecidas. Entre los hallazgos más relevantes, se señaló que en la categoría de otros delitos contra la vida y la integridad corporal algunas fiscalías incorporan tentativas de feminicidio y de homicidio doloso. Asimismo, se advirtió que el estatus de desaparición no se actualiza de manera sistemática por parte de las autoridades responsables.
Si bien estos ejercicios de diálogo de cara a la sociedad civil constituyen una señal positiva de apertura y rendición de cuentas, resultan insuficientes para disipar las dudas de fondo. En particular, no permiten conocer si al momento de clasificar los delitos las fiscalías operan bajo criterios técnicos homogéneos o con lógicas discrecionales. Tampoco se puede constatar si han fortalecido sus capacidades institucionales para el registro y actualización de la información. Del mismo modo, no se explican anomalías persistentes en delitos como el homicidio culposo y el feminicidio.
Implicaciones iniciales de política pública
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Focalizar la contención en territorios con violencia al alza
En Yucatán, Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz, Colima y Durango, donde el homicidio doloso aumentó, la respuesta no debería limitarse al refuerzo de la presencia policial o militar. Aunque existe coordinación con la federación, los indicadores continúan al alza, lo que obliga a cuestionar si la estrategia carece de inteligencia territorial, si está llegando tarde o si no está acompañada por capacidades locales suficientes de investigación, prevención y control institucional.
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Identificar y aislar prácticas efectivas en territorios con reducción
En Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas, donde el homicidio doloso ha disminuido, el reto no es asumir una explicación única, sino evaluar territorialmente los mecanismos que explican las reducciones: fortalecimiento policial, inteligencia criminal, procuración de justicia, prevención focalizada, coordinación interinstitucional o incluso cambios en la dinámica de los grupos criminales. El objetivo es aislar y escalar prácticas efectivas.
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Fortalecer la calidad y gobernanza de los datos
Mejorar la calidad de la información es una condición indispensable para diseñar políticas efectivas, particularmente en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. Esto requiere avanzar hacia esquemas de gobernanza democrática en los que víctimas, organizaciones acompañantes, academia y otros actores participen en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías.
Nota metodológica
Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores.
Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026.
Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.
