La nueva Ley Mordaza Quintana Roo avanza en el Congreso local, disfrazada de protección al “derecho a la propia imagen”. Presentada por diputados de Morena, PT y PVEM —Hugo Alday, Ricardo Velazco y María José Osorio—, la reforma al Código Civil busca sancionar la difusión de fotos, videos o audios sin consentimiento expreso, con multas, eliminación de contenido y reparación del daño. Suena bonito: combatir la violencia digital y el mal uso en redes. Pero la Barra de Abogados de Quintana Roo ya lo dijo clarito: la redacción es ambigua, deja todo a la interpretación judicial y se perfila como un inhibidor brutal del periodismo. ¿Qué es “uso indebido”? ¿Qué es “interés público”? Depende del juez de turno, y ahí está el pedo.
No es la primera vez que vemos este numerito. En Puebla, la reforma a la Ley de Ciberseguridad —impulsada también por morenistas— metió cárcel de hasta tres años por “insultos” en redes, y generó tal escándalo que un juez federal concedió amparos por ambigüedad. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha acumulado denuncias y medidas cautelares contra medios y periodistas que la critican, llegando incluso a censores que revisan publicaciones. Y en la Cámara de Diputados federal, ya intentaron prohibir memes porque ofenden la “dignidad” de los legisladores. ¿Patrón? Cada vez que sale una crítica fuerte, aparece una iniciativa para “proteger” algo: la imagen, el honor, la paz en las redes. Pero siempre termina blindando a los que están arriba.
Los promotores juran que hay excepciones para periodistas, para hechos de interés público, para figuras notorias en lugares públicos. Perfecto, dicen. Pero la ambigüedad es el truco: un juez afín puede decidir que una foto de un funcionario en un evento público no es “accesoria” o que una caricatura cruza la línea. Resultado: autocensura masiva. Los reporteros locales ya se pronuncian en contra, y organizaciones como Artículo 19 piden corregir el texto antes de que se convierta en otra mordaza estatal. Porque no se trata de cuidar la privacidad de la gente común —eso ya está en leyes federales y estatales—, sino de dar herramientas para callar voces incómodas.
En resumen, Quintana Roo se suma a la moda de las “leyes protectoras” que protegen más a los poderosos que a los ciudadanos. Si esto pasa, prepárense: el meme del político en chanclas podría costar caro, y el periodismo de investigación quedará cojo por miedo a demandas. ¿Libertad de expresión? Claro, mientras no moleste.
