Hay decisiones en la vida pública que establecen el carácter. En cada caso, la opción más cómoda es simplemente no actuar. La opción más responsable es asumir costos, iniciar debates incómodos. Elegí esta última. Por eso presenté una iniciativa de reforma constitucional al Senado de la República, junto con enmiendas a la ley secundaria, para instituir evaluaciones periódicas de idoneidad y confianza de las personas que quieren ocupar un cargo electo y de quienes actualmente lo ocupan.
Estoy diciendo con certeza que cualquiera que quiera ejercer el poder público necesita demostrar que puede hacerlo. Esa no es una posición drástica, ni contraria a la situación actual. Es una convicción que surge de una simple pregunta: ¿podemos seguir confiando únicamente en el momento electoral como un filtro suficiente para proteger al Estado? ¿Cuál es la propuesta?
Esta propuesta contiene dos características interdependientes. La primera reforma la Constitución para dar a toda persona que quiera estar en un cargo de elección popular —en el ámbito federal, estatal o municipal de gobierno, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— el requisito de una evaluación antes de registrarse para el cargo y luego revisiones anuales durante el mandato.
La segunda modifica la ley para delinear cómo funcionarán estas evaluaciones, incluyendo qué instituciones estarán comprendidas, cuáles son los estándares técnicos, cómo se protegerán los datos personales y qué sucederá si no cumplen. Todo dentro del marco del debido proceso, la confidencialidad y la presunción de inocencia.
Esto no es un marco punitivo. Es una táctica preventiva. Porque la legitimidad no se agota el día de las elecciones. Gobernar no se trata de esperar tres o seis años por un cheque en blanco; se trata de retener la confianza del pueblo todos los días. Una vulnerabilidad acreditada.
Las democracias contemporáneas no siempre se rompen en grietas visibles. La captura del poder a menudo ocurre de manera discreta: infiltración o cooptación o corrupción de algún tipo desde dentro. México no es inmune a este hecho. La democracia no son solo elecciones libres; exige que quienes ascienden al poder lo hagan con integridad y se distancien de intereses ilegales. Cuando esa condición falta, ya sea en su inicio o cuando se ocupa el cargo, el daño no se contiene en el individuo: la confianza pública se erosiona y el estado de derecho se ve limitado.
Hemos visto muchos de estos ejemplos en las últimas décadas. Tomás Yarrington, el exgobernador que enfrentó cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y conexiones criminales. La supuesta infiltración por parte de autoridades municipales fue revelada en el llamado “Michoacanazo” bajo el gobierno de Felipe Calderón, aunque mucho en estos casos no prosperó judicialmente.
A nivel municipal, José Luis Abarca Velázquez demostró cómo la cooptación puede generar crisis nacionales. La procuración de justicia se vio vulnerada cuando el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para traficar drogas, demostrando así también que las mismas instituciones destinadas a combatir el crimen podrían ser corrompidas en su cúspide.
El caso más paradigmático tendrá que ser el de Genaro García Luna, un exsecretario federal de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por trabajar con el narcotráfico. Este precedente estableció que la infiltración puede estar en el corazón mismo del aparato estatal.
Más recientemente, la captura de Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, Jalisco, quien desde el poder público se institucionalizó la extorsión a sus gobernados, esto luego de darse a conocer en medios de comunicación.
Este caso reavivó un debate de larga data sobre las deficiencias en los mecanismos de revisión de perfiles antes de registrar candidaturas. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha identificado una necesidad crucial de mejorar la coordinación institucional para evitar el ascenso de personas con posibles conexiones ilegales.
Esos precedentes no son incidentes aislados, representan un problema estructural. No es una iniciativa nacida de alguna duda generalizada; más bien, es una basada en evidencia, respaldada por hechos acreditados que demuestran una falta de supervisión regulatoria.
El Estado debe reaccionar ante esta realidad. Si tiene el deber de defender un sistema democrático, también debe establecer mecanismos apropiados para reducir el riesgo de captura institucional. Esto es lo que pretende hacer esta propuesta. Evaluar para proteger. La propuesta incluye siete evaluaciones técnicas como umbral mínimo de idoneidad y confiabilidad:
— Evaluación médica, para certificar la aptitud física real en el desempeño del cargo.
— Evaluación toxicológica, para eliminar adicciones que puedan afectar la toma de decisiones.
— Prueba psicométrica para la estabilidad emocional y evaluación cognitiva de capacidades mentales.
— Prueba de polígrafo para diagnosticar las posibles vulnerabilidades de riesgo sobre los entornos sociales y de vulnerabilidad.
— Evaluación de competencias académicas adecuadas a la responsabilidad asignada.
— Revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales.
— Análisis de congruencia patrimonial, para tener una visibilidad clara del origen de los recursos.
Esto no es un catálogo de indagaciones. De hecho, es una protección institucional.
La idea es anticipar riesgos antes de que terminen como desastres de gobernabilidad o crisis de seguridad pública. La autoridad electoral publicaría versiones públicas de los hallazgos, acompañadas de informes técnicos fácilmente accesibles con pleno respeto a los derechos de privacidad de los datos personales.
No todos los riesgos resultan en delitos. De manera similar, hay otros problemas de idoneidad o estabilidad que pueden impactar el liderazgo de una institución. En nuestro informe reciente, aprendimos cómo alguien que está en una alta responsabilidad educativa transformó lo que representaba en una trinchera ideológica y se aferró al cargo ante señales preocupantes de que no estaba capacitado para tomar las grandes decisiones al final del día.
No todo termina en los tribunales. Pero prácticamente todo puede afectar la gobernanza.
Prevenir no es perseguir
No somos dictatoriales y exigir estándares no es autoritarismo. El autoritarismo es la práctica de dejar que las decisiones estratégicas no tengan controles ni equilibrios con la sociedad recibiendo el castigo. Los valores democráticos deben ser consistentes en todo el servicio público, no por estándares de “bueno” o “malo”.
El mensaje es claro: nadie está por encima de la confianza ciudadana. El poder no es un privilegio de un individuo. Es algo que cientos de millones de personas deben. Y esa responsabilidad requiere coherencia continua, estabilidad y rendición de cuentas.
La confianza pública no puede basarse solo en la fe. Se necesita evidencia y revisión constante. Cuando el poder es intocable, la democracia se debilita. Y cuando la democracia se erosiona, son los ciudadanos quienes siempre pagan el costo. Por eso decidí hacer algo. No por desconfianza hacia las personas, sino por lealtad a las instituciones y a México.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
