El 22 de febrero de 2026, fuerzas del Ejército Mexicano abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La acción, apoyada por inteligencia pero ejecutada exclusivamente por autoridades mexicanas, provocó una ola inmediata de narcobloqueos, incendios y enfrentamientos en al menos once entidades. El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó la restauración gradual de la normalidad y reiteró que la estrategia de seguridad avanza con coordinación federal y estatal.
Este golpe al liderazgo del CJNG revive el recuerdo del Operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024 en el Estado de México y posteriormente extendido. La iniciativa ha derivado en más de sesenta detenciones de servidores públicos, incluidos catorce alcaldes y exalcaldes de distintos partidos —entre ellos de Morena—, acusados de colusión con grupos delictivos en extorsión, secuestro y homicidio. En Jalisco, por ejemplo, se detuvo al presidente municipal de Tequila y tres funcionarios por presuntos vínculos directos con el CJNG.
Ante la pérdida del principal capo, surgen expectativas de que el gobierno federal impulse una fase más ambiciosa del Enjambre para desarticular las redes políticas y económicas que sustentaron al cártel durante años. Desde el Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum ha enfatizado la política de “cero impunidad”: ningún partido servirá de paraguas para la delincuencia y se actuará donde exista colusión entre autoridad y crimen. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha destacado que el operativo contra Mencho forma parte de una estrategia integral que ya golpea estructuras de protección institucional.
Sin embargo, voces de la oposición en el Senado, como legisladores del PAN y el PRI, advierten que la mera eliminación de un líder no basta. Ricardo Anaya y Carolina Viggiano han señalado que el CJNG “sigue vivo” gracias a pactos de impunidad y han urgido a extender investigaciones sin excepciones, incluso en niveles superiores. Argumentan que la violencia desatada tras el abatimiento demuestra la profundidad de las infiltraciones y el riesgo de que surjan nuevos liderazgos más fragmentados y letales.
Analistas independientes coinciden en que la historia reciente del combate al narcotráfico muestra patrones claros: las capturas o abatimientos de capos generan disrupciones cortas, pero sin atacar simultáneamente los flujos financieros, el lavado de dinero y las complicidades locales, las organizaciones se recomponen. En el caso del CJNG, su expansión territorial y capacidad logística sugieren una red de protección que trasciende alcaldías y alcanza esferas económicas y judiciales.
El gobierno sostiene que el Enjambre ya demuestra resultados concretos y que la responsabilidad compartida entre federación, estados y municipios es clave para avanzar. Críticos responden que la verdadera prueba llegará en las próximas semanas: si las investigaciones se limitan a periferias o si alcanzan el núcleo de las protecciones que permitieron al cártel operar con relativa impunidad durante más de una década.
El desenlace definirá si la caída de Mencho marca el inicio del desmantelamiento estructural del CJNG o solo otro episodio en el ciclo recurrente de violencia y reconstrucción criminal. La ciudadanía observa con atención la capacidad del actual gobierno para asumir la responsabilidad plena de romper esas redes y construir condiciones de paz duradera.
