La discusión de la reforma electoral, que actualmente se define en la comisión creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta una férrea oposición proveniente, irónicamente, de sus propios aliados: el PT y el PVEM. No obstante, en este escenario destacan dos ausencias: la iniciativa —pues aún no existe la versión definitiva que llegará al Congreso— y la de una oposición articulada.
Conscientes de su irrelevancia aritmética en la Cámara de Diputados —donde Morena solo necesita a sus aliados para avanzar—, el PAN, el PRI y MC han optado por una ofensiva de declaraciones estridentes. Sin embargo, carecen de una estrategia que, al menos, eleve el costo político para el gobierno al aprobar la medida.
Movimiento Ciudadano (MC), por ejemplo, califica la reforma como un distractor frente a las crisis nacionales. Su vicecoordinador, Juan Ignacio Zavala, ha planteado que su partido propone medidas para blindar las campañas contra el dinero del crimen organizado y asegurar una justicia electoral donde la representatividad legislativa sea proporcional a los votos obtenidos.
El PAN, en cambio, tilda la iniciativa como la “Ley Maduro”, denunciando un intento del régimen por capturar al árbitro electoral. En un intento de desafío, proponen que los partidos con vínculos criminales pierdan automáticamente su registro. El PRI coincide con la etiqueta de “Ley Maduro” y lanza un lema para el consumo público: “es mejor una democracia cara que una dictadura gratuita”. Los priistas acusan al gobierno de pretender instaurar un esquema de partido único para perpetuarse en el poder; una paradoja, considerando que es el mismo modelo que el PRI ejerció el siglo pasado.
Como se observa, no hay unidad de propósito en la oposición, salvo por el intento de viralizar hashtags. Abordar la reforma sin un texto definitivo, centrar la crítica en la reducción del financiamiento público —pese al hartazgo social por el despilfarro— o defender las plurinominales —cuando sus propias bancadas dependen de ellas—, solo refuerza la percepción ciudadana de que los partidos solo buscan proteger sus privilegios.
Una vez más, la oposición cae en la trampa discursiva de Morena. Al debatir bajo los términos de “austeridad” impuestos por el régimen, validan una narrativa que ya tienen perdida de antemano. Al igual que ocurrió con la reforma al Poder Judicial, han sido incapaces de articular una estrategia que demuestre los perjuicios reales de la propuesta para el país.
La historia se repite: la oposición no solo carece de los votos necesarios para obligar a una negociación, sino también de la imaginación política para trascender los lemas superficiales.
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