Las encuestas recientes de The New York Times y The Economist revelan un declive significativo en la percepción pública del gobierno de Donald Trump durante su segundo mandato. Según el sondeo de The New York Times en colaboración con Siena College, solo el 40% de los votantes registrados aprueba su desempeño, mientras que el 56% lo desaprueba. Este panorama se agrava al considerar que menos de un tercio de los encuestados cree que el país está mejor que hace un año, con un 49% afirmando que ha empeorado. The Economist, a través de su rastreador de aprobación, confirma esta tendencia, indicando que la calificación neta de Trump ha alcanzado un nuevo mínimo, con indicios de insatisfacción generalizada incluso entre sectores tradicionalmente afines.
Estos datos destacan una desaprobación mayoritaria en la mayoría de los temas, excepto en el manejo de la frontera con México, donde aproximadamente la mitad de los votantes respalda las políticas implementadas. Críticos argumentan que este apoyo selectivo refleja el énfasis de Trump en la seguridad fronteriza, pero oculta fallas estructurales en la ejecución. Por ejemplo, observadores independientes señalan que las medidas han generado divisiones internas en el Partido Republicano, donde algunos legisladores defienden la rigurosidad como necesaria para combatir el tráfico de drogas y la migración irregular, mientras que otros expresan preocupación por el impacto humanitario y económico. En contraste, demócratas y grupos progresistas critican estas políticas como excesivas, alegando que fomentan discriminación y violan derechos civiles, lo que invita a debates polémicos sobre la responsabilidad del ejecutivo en equilibrar seguridad y justicia.
Las protestas en Minnesota contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifican esta inconformidad. Miles de manifestantes, desafiando temperaturas bajo cero, marcharon en Minneapolis exigiendo la salida de agentes federales del estado. Este movimiento, que incluyó un paro general con cientos de negocios cerrados y boicots a escuelas y compras, responde a la intensificación de operativos de inmigración ordenados por la administración Trump. Organizadores, como sindicatos y activistas locales, denuncian violaciones constitucionales y un clima de miedo en comunidades inmigrantes. Esta acción colectiva genera controversia al cuestionar la autoridad federal versus la autonomía estatal, con republicanos locales acusando a los manifestantes de obstruir la ley, y opositores replicando que tales protestas exponen abusos sistemáticos. Analistas políticos destacan cómo estos eventos podrían polarizar aún más al electorado, especialmente en estados clave como Minnesota, donde el apoyo a Trump entre votantes blancos ha disminuido según encuestas complementarias.
Otras posturas emergen en el análisis. Entre los votantes de Trump en 2024, una porción significativa ha revertido su opinión, citando promesas incumplidas en economía y salud. Defensores del presidente, incluido él mismo, han calificado estas encuestas como fraudulentas, amenazando con acciones legales contra medios como The New York Times, lo que aviva acusaciones de erosión democrática y censura. Expertos en opinión pública, como aquellos de YouGov asociados a The Economist, advierten que esta retórica podría alienar a independientes, exacerbando la brecha partidista de cara a las elecciones intermedias de 2026.
En resumen, estas encuestas y protestas ilustran un gobierno bajo escrutinio, donde el éxito en la frontera contrasta con fallas generalizadas. Un enfoque multipartidista en la responsabilidad institucional podría mitigar tensiones, pero la persistencia de narrativas confrontacionales sugiere un panorama volátil, propenso a mayores controversias que desafíen la cohesión nacional.
