El fiasco es bochornoso, pero no los detendrá. La propuesta de reforma electoral elaborada por la comisión presidencial ni siquiera fue hecha pública. Si acaso servirá de insumo para otra que planean presentar en los albores del periodo ordinario que comienza en febrero.
Los foros no dieron la legitimidad deseada, fue más que evidente la simulación del ejercicio, y como no consultaron la iniciativa con el PT y el Verde, partidos que necesitan para aprobarla, ahora requieren elaborar una distinta con su concurso.
Para realizar ese trabajo fallido que concluye este mes, se conformó la comisión que Pablo Gómez encabeza, misma que, según el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum, seguirá formalmente en funciones todo el sexenio. Quien ha centrado sus argumentos en la austeridad y el ahorro para sostener posiciones regresivas y contrarias a lo que defendía cuando era opositor, cobrará como aviador los próximos cinco años. Todo muy 4T.
Al ser elaborado por una comisión del Ejecutivo, la comisión presidencial debiera publicar el texto que entregaron en Palacio Nacional. No lo harán, ya no existe el INAI que los obligue y sería una ingenuidad pensar que Raquel Buenrostro se los ordene solo porque es su obligación legal. De cualquier manera, lo que se filtró basta para confirmar las intenciones del gobierno que, después de más de tres décadas excluido de las negociaciones sobre leyes electorales, se autodesigna encargado de la reforma y hace de la Secretaría de Gobernación sede de su procesamiento. Lo que es no tener memoria histórica o, peor aun, pretender pisotearla.
El problema es que las ambiciones de Morena chocan con el instinto de supervivencia de sus aliados. Si estos aceptan la disminución de pluris ya no los necesitarán, pues la sobrerrepresentación que pretende el partido guinda es de tal magnitud que solos tendrían la mayoría calificada. Y, en caso de que se vean forzados a ir separados a las urnas, su registro estaría en riesgo, pues con la reducción del financiamiento no tendrían condiciones para competir con equidad frente al que tiene la llave abierta de los recursos públicos. Saben que las concesiones que les arranquen hoy podrían perderlas mañana.
Tuvieron que pisotear la Constitución para pasar de 54% de votos a 73% de escaños con la complicidad de autoridades electorales capturadas. Esos 19 puntos de más son pocos en comparación con los que tendrían con 100 diputados de representación proporcional menos, sin necesidad de violar ningún ordenamiento.
La disminución de pluris nos alejaría del principio democrático de dar el mismo valor a cada voto, un ideal que compartían muchos de los que ahora, ya estando en el poder, reniegan.
Pablo Gómez y Acosta Naranjo, cuando ambos estaban en el PRD, presentaron una iniciativa para garantizar la representación fiel de la pluralidad del país en el Congreso, es decir, la proporcionalidad pura: partido con 25% de votos tiene el 25% de diputados y así. Que a nadie se le quite ni a nadie se le regale nada.
Pablo cambió y, siguiendo el Plan C de López Obrador, pretende achicar aún más a las minorías, distorsionando la correlación de fuerzas expresada en las urnas, para que el oficialismo mantenga su hegemonía artificial.
De igual manera, quitar los 32 de la lista del Senado establecería una supermayoría en detrimento de la pluralidad. Se podría mejorar la representación si se votaran cuatro senadores por estado bajo representación proporcional pura, manteniendo el número de 128. Pero, como dijimos, buscan lo opuesto: inflarse a costa de la disidencia para aplastarla.
Las contradicciones en el oficialismo pueden superarse, encontrar una fórmula para seguir coaligados y acrecentar la sobrerrepresentación compartida; otro golpe a la desfalleciente democracia mexicana.
Además, podrían apoderarse por completo del árbitro y suprimir el servicio profesional de carrera del INE para que sus militantes, así sean embozados, organicen las elecciones y cuenten los votos. Ganas no les faltan y juntos tienen la espuria mayoría calificada que les obsequió el golpismo institucional en 2024. Lo que está por verse es cómo va a reaccionar la sociedad ante la infame Ley Maduro.
