“Si buscan candidaturas, renuncien”. Esta fue la instrucción que la presidenta Claudia Sheinbaum dio el pasado sábado 10 de enero en Acapulco a los funcionarios públicos que aspiran a competir en las elecciones de 2027. Aunque el mensaje se emitió en Guerrero —entidad que renovará su gubernatura—, el exhorto tiene un alcance nacional. El próximo año se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 680 presidencias municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de México y más de mil diputaciones locales, además de regidurías y sindicaturas.
La interpretación de esta “recomendación” como un banderazo de salida para una cascada de renuncias es inmediata. Según versiones periodísticas, al menos dos secretarios de Estado del gabinete federal evalúan dejar sus cargos para buscar la gubernatura de sus estados natales. Asimismo, diversos legisladores, gobernadores y militantes ya figuran en la conversación pública y redes sociales como posibles perfiles para 2027.
Se trata de un ritual trienal que ahora cobra mayor relevancia por la homologación de los calendarios locales y federales. Sin embargo, este fenómeno revela un aspecto crítico para el electorado: una clase política que prioriza sus ambiciones personales y transita de cargo en cargo sin entregar resultados tangibles.
Es común observar a políticos saltar de una diputación local a una alcaldía, y de ahí a una dependencia estatal o al Congreso federal. En este juego de posiciones, la única constante es el nombre del personaje, quien acumula cargos en un currículo dedicado a la política profesional, pero carente de frutos sociales pese a los altos salarios públicos percibidos.
Es necesario contar con políticos profesionales, pero estos deberían especializarse en áreas específicas. En cambio, abundan perfiles que brincan entre el Poder Legislativo y la administración pública en sectores inconexos, justificando su presencia únicamente por la lealtad partidista y no por su preparación técnica.
Nuestro sistema premia la militancia y la fidelidad a proyectos coyunturales. Por ello, vemos personajes que cambian de partido o abandonan sus funciones cada tres años para emprender una nueva «aventura» electoral. Esta dinámica ignora que la labor de administrar y la de legislar requieren perfiles distintos.
Lamentablemente, el votante rara vez castiga esta falta de resultados o la ambición sistemática. El voto termina siendo una validación de figuras que no resuelven los problemas de sus comunidades. La evaluación de la trayectoria parece no ser un factor determinante al depositar la boleta en la urna. El inicio de esta temporada de renuncias expondrá, una vez más, a quienes buscan el poder por el poder mismo, sin importar sus antecedentes ni la eficiencia de su gestión previa.
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