Los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo son una dolorosa evidencia de cómo el crimen organizado virtualmente gobierna donde el Estado se ausenta. Mientras, el Gobierno responde buscando culpables históricos, lo que urge es que asuma la responsabilidad de reconstruir las capacidades del Estado mexicano.
Esa responsabilidad comienza por el presupuesto. En 2026, México destinará apenas 0.86% del PIB a seguridad y justicia, el nivel más bajo en una década. Esos recursos no se concentran en fortalecer policías civiles, fiscalías ni tribunales locales, sino se persiste en la militarización de la seguridad pública. No hay seguridad posible si los municipios —el primer frente contra el crimen— carecen de recursos, autonomía y profesionalismo. La prioridad debería ser dotarlos de capacidades reales para recuperar el control de su territorio.
También se requiere un Poder Judicial fuerte e independiente. La reforma judicial que promueve la elección popular de jueces y subordina la disciplina judicial al poder político no fortalece la justicia: la debilita. Un país moderno no puede enfrentar al crimen sin tribunales profesionales, autónomos y respetados por la ciudadanía.
Invertir en la justicia civil y reconstruir la capacidad estatal no son concesiones: son la base de una paz duradera.
