La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que México vive la etapa de mayor libertad de expresión de su historia, peroes por su afición al humor negro. Los atentados, retrocesos y amenazas en la materia son recurrentes, sólo que, desde el sexenio pasado, es costumbre presidencial no admitir problemas, por más graves y notorios que sean -el desabasto de medicamentos es un doloroso ejemplo- y es estrategia de comunicación del obradorato negar el creciente autoritarismo con el engaño de que están haciendo lo opuesto, es decir, un país más libre, ignorando la evidencia que los desmiente.
Desaparecieron el INAI en nombre de la transparencia, absurdo que, para sorpresa de nadie, se cayó desde el inicio: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de ordenar la entrega de información negada que por ley debe ser pública, ha rechazado el 96% de las solicitudes, bueno, ni siquiera ha resuelto que Morena dé a conocer el salario de sus dirigentes, los cuales se pagan con recursos públicos.
Los puntos que han trascendido de la reforma electoral son para apuntalar la inequidad de elecciones de Estado, elcontrol político de las autoridades por parte del gobierno y la sobrerrepresentación que les garantice la mayoría calificada que necesitan para seguir cambiando la Constitución en solitario, pero eso no ha sido impedimento para que la presidenta asegure que los cambios fortalecerán la democracia y evitarán los fraudes.
Es la ruta marcada por su antecesor, no sólo en lo que respecta al desmantelamiento de la institucionalidad democrática y la conculcación de libertades mediante abusos de poder, también en la retórica orwelleana, propia de la distópica novela 1984, que impone a la mentira como verdad, donde el odio es amor, la guerra, paz y, por supuesto, la opresión, libertad.
Dirán con razón que no hemos llegado, ni estamos cerca de los extremos totalitarios y que se necesitan más que desplantes demagógicos para verificar a una dictadura, pero sería engañarse no ver que, así sea de manera germinal, sus elementos ya están presentes: concentración absoluta del poder; desaparición de contrapesos institucionales; captura de autoridades electorales; militarización del país; manejo faccioso de policías, fiscales y jueces; prisión oficiosa. ¿A quién extraña que ahora vayan por desaparecer medios independientes, acosar periodistas y controlar redes sociales?.
Preocupa la perversión del sistema electoral para censurar, echando mano de la figura de violencia política de género(VPG). No sólo son los casos de Héctor de Mauleón y El Universal o el de la ciudadana Karla Estrella, en no pocos estados han seguido el mismo camino. Y la cosa se puede poner peor con el asalto al Poder Judicial. La gobernadora Layda Sansores adelantó lo que se viene con los juzgadores del acordeón, al imponer la censura previa, prohibida expresamente en la Constitución, al periodista Jorge Luis González con resolución de una jueza y ratificación de un tribunal.
Envalentonado con la llegada de jueces obedientes al poder político, Pío López Obrador demanda a Carlos Loret por 200 millones de pesos y a Latinus por otros 200. Lo vimos recibir sobres amarillos del operador de David León, incluso su hermano, quien entonces era el Presidente del país, admitió que fueron aportaciones e incluso él mismo lo hizo en una entrevista. Pero no se trata de tener la razón jurídica, sino al aparato de justicia de tu lado.
Por lo mismo, voceros oficialistas expresan la impaciencia del régimen por quitarle la concesión de TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego y una exempleada de éste, Sabina Berman, insiste en instalar un tribunal de verdad que, como en 1984, persiga a quienes disientan de la propaganda del gobierno y, en eso, le hizo segunda la ministra del acordeón Lenia Batres.
En menos de un año han sido asesinados 10 periodistas, sólo ese hecho debería acallar la autocomplacencia. Además, los focos rojos están encendidos. La Ley Censura dará a cinco empleados del Ejecutivo el poder para otorgar y quitar concesiones, así como bajar plataformas y contenidos de redes sociales. Ahí no pretextarán VPG sino derechos de las audiencias. La autocracia sigue avanzando.
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