Este primero de septiembre, tres escenarios definieron el fin de una era donde el Poder Judicial fue, por décadas, el verdugo de las clases trabajadora, indígena y campesina, para dar paso a un cambio histórico donde la justicia no sea una consigna sino un derecho de aquellos que fueron ignorados por una élite de impartidores de justicia que pusieron la ley al servicio de los intereses de los poderes fácticos.
En el Zócalo capitalino, en un evento nunca visto, el nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar López, junto con los nuevos integrantes del Máximo Tribunal, elegidos en las urnas por el voto ciudadano, recibieron el bastón de mando entregado por los pueblos originarios, como símbolo de un mandato de servicio y compromiso con aquellos que en el periodo neoliberal, no tuvieron voz ni acceso a la justicia.
Más allá del simbolismo que implicó el acto –y el resquemor que causó en aquellos abogados chicaneros y dueños de costosos bufetes jurídicos que defendieron los despojos de diversas empresas trasnacionales–, este es la muestra palpable de que está en camino el resarcimiento a los daños causados a las comunidades indígenas, en todo el territorio nacional. Horas antes en su mensaje de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum citó la firma de cinco Decretos Presidenciales para restituir los títulos de propiedad de 10 mil hectáreas de tierras comunales, a las comunidades rarámuris, odamis y wixárikas.
Horas más tarde, al tomar protesta ante el Pleno del Senado de la República, los representantes en la Cámara Alta del PRI no estuvieron presentes; y los del PAN, solo dieron su posicionamiento para salir del recinto. Los políticos acostumbrados a imponer a sus incondicionales en la Corte, no pudieron soportar que nueve Ministros ajenos a sus intereses fácticos, juraran defender la Constitución, a favor del pueblo.
En un tercer momento, y ya instalados en la sede de la Suprema Corte, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar, fue claro al señalar en su mensaje, ante la Presidenta de la República, que se acabaron los privilegios, onerosos salarios y jubilaciones de 360 mil pesos, en el Máximo Tribunal, lo que permitirá ahorros por mil cien millones de pesos, pues sus integrantes ya no tendrán más seguros médicos privados y se atenderán, como cualquier servidor público, en el ISSSTE.
El Presidente de la SCJN, expresó que el nuevo sistema judicial buscará una “justicia real y verdadera”, por lo que los nuevos ministros asumirán el compromiso de recuperar la confianza ciudadana y erradicar la corrupción, pero sobre todo, estarán abiertos al escrutinio público.
En este último sentido, los ciudadanos deberemos estar pendientes a su actuación porque hay muchos temas que todavía reclaman justicia como son los casos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; castigo a los responsables de haber desmantelado el patrimonio de la nación al entregar a un grupo de voraces empresarios, más de mil empresas públicas, algunas altamente rentables como Minera Cananea y Teléfonos de México; también, llevar a la justicia a los políticos como el ex presidente, Ernesto Zedillo, que en su momento convirtieron la deuda de los banqueros en deuda pública, con el FOBAPROA, que hasta la fecha siguen pagando las nuevas generaciones de mexicanos.
Hay deudas con la clase trabajadora como los despidos arbitrarios cometido en el sexenio de Felipe Calderón contra los trabajadores de Mexicana de Aviación y los 44 mil agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lanzados a la calle, tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. que todavía pelean su derecho a su reinstalación. Los nuevos Ministros tendrán en sus manos hacer justicia a estos sectores avasallados en sus derechos por el Cártel de la Toga y el Birrete que tanto daño hizo al país.
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