En política no hay coincidencias, sino consecuencias. En un documental del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que no hubo corrupción en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Esta fue la primera vez que defendió públicamente una de las decisiones más polémicas de su administración.
Días después, como respuesta, se difundió la noticia de que empresarios israelíes lo acusaban de recibir sobornos en la contratación, por parte de su gobierno, del programa de espionaje Pegasus. Las informaciones sobre este tema señalaron que la acusación se basaba en el supuesto recibimiento de 25 millones de dólares para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) compraran el programa de intervención de teléfonos celulares.
El expresidente Peña Nieto se defendió a través de su cuenta de X (antes Twitter), calificando la acusación de «totalmente falsa» y manifestando su duda sobre «en interés de quiénes se hace tal publicación». La fuente de la acusación contra el expresidente fue un medio israelí, poco conocido en México, que fue replicado por medios nacionales y se viralizó en redes sociales.
El contexto no podría ser más relevante para analizar y comprender esta situación. La reciente aprobación de las llamadas «ley espía» y «ley censura» en redes, criticadas por la oposición, sumada a la ofensiva de la administración Trump con sanciones contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas —esta última propiedad de quien fuera jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio de López Obrador—, ayudaron a sensibilizar a la opinión pública sobre este tipo de temas. También cabe considerar que podría ser un distractor.
Existen otros datos que, más allá de las versiones sobre el supuesto «pacto de impunidad» entre López Obrador y Peña Nieto —que habría impedido la investigación del expresidente—, sugieren que el verdadero objetivo es más electoral de lo que parece. En fechas recientes, se anunció que el proceso de desafuero contra Alejandro «Alito» Moreno, presidente nacional del PRI, sigue en curso y podría ser discutido en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados durante el próximo periodo ordinario de sesiones, para luego ser votado en el pleno.
Esto añadiría un elemento más de rechazo contra el PRI, que es el partido con mayor percepción negativa en las encuestas. Aunque no sorprende, tiene implicaciones para los próximos comicios. En entrevistas separadas, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, y Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de MC, confirmaron que existen conversaciones para una eventual alianza electoral. Incluso columnistas como Mario Maldonado, en El Universal, añaden la versión de que, una vez retirado por enfermedad el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se eliminaría la oposición a una coalición con el PRI y el PAN en busca de votos en 2027.
Álvarez Máynez, según recordó Mario Maldonado, es más pragmático y estaría dispuesto a negociar con el PRI una posible alianza junto con el PAN, aunque también es factible una coalición solo entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Lo relevante para esta colaboración es que, si los tres partidos de oposición concurren juntos a los comicios de 2027, en los que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, buscarán capitalizar el previsible voto de castigo contra Morena por temas que van desde las leyes recientemente aprobadas hasta la inseguridad, el desabasto de medicamentos o las denuncias provenientes de Estados Unidos.
La baja participación en la pasada elección judicial, donde solo se lograron convocar 10 millones de votos a favor de los jueces, es un indicio de que el partido oficial puede ser derrotado electoralmente. Sin embargo, si la alianza incluye al partido más desprestigiado y rechazado por los electores, sus posibilidades de triunfo se reducen.
Por tanto, más allá de las coincidencias, no parece casual que las acusaciones contra Peña Nieto y el posible desafuero del actual líder nacional del PRI se presenten este año, con el fin de reforzar la mala imagen de este partido y afectar a sus posibles socios electorales.
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