Las evidencias están a la vista de todos: tres estados del país modifican o buscan modificar sus legislaciones locales para que un comentario en redes sociales sea objeto de multas, cierre de cuentas o sentencias de prisión. Dos mujeres han sido sancionadas por comentarios en redes sociales; un columnista y el periódico que publica sus textos han recibido la orden de borrar material y abstenerse de referirse a un tema en el futuro; un medio digital fue obligado a cerrar y su exdirector a pagar una multa millonaria por criticar a la gobernadora.
Atrás quedaron los tiempos en que personajes vinculados a cierto partido de oposición, que fue ganando espacios hasta controlar los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, criticaban las medidas tomadas por el presidente en turno, incluso burlándose de su estatura o sus errores de pronunciación o insultándolos, y no pasaba nada.
Cotidianamente, usuarios de redes sociales recurren al insulto para descalificar las opiniones de especialistas, articulistas, líderes partidistas o cualquier ciudadano que se atreva a criticar, cuestionar o señalar algún error cometido por el gobierno o por legisladores de su partido, y no pasa nada.
Los medios que han documentado irregularidades, casos de nepotismo, la opacidad del gobierno en la asignación de contratos o la creación de empresas para obtener asignaciones directas, son presionados desde la tribuna de Palacio Nacional. La autoridad hacendaria los investiga y sus miembros son acosados por simpatizantes del partido oficial, pero no son acusados de acoso digital, violencia de género o de atentar contra la libertad de expresión.
Al principio del sexenio anterior, se exhibieron listas de periodistas que, según la justificación oficial, se beneficiaron de pagos indebidos por parte del gobierno federal de Peña Nieto, los llamados “chayotes”. Sin embargo, a los señalados no se les permitió responder ni presentar pruebas en su descargo. Además, varios de los mencionados continúan con la misma práctica de recibir dinero para ofrecer contenidos elogiosos para los gobernantes en turno, convirtiéndose en defensores de oficio del mismo gobierno que antes criticó esas acciones.
Melissa Ayala escribió en El Universal: “la justicia electoral tenía la oportunidad de mandar un mensaje firme: que en democracia se puede disentir sin ser castigada y que no toda crítica a una mujer puede encuadrarse como violencia política en razón de género. Desafortunadamente, se eligió no hacerlo y se eligió, en cambio, castigar la palabra. Callar el desacuerdo. Convertir el feminismo en un arma para censurar. Y eso no es justicia, es regresión”.
Ahora, hay que pensar cómo escribir o dar a conocer las críticas para que la piel sensible de los políticos no se sienta ofendida y recurran a todo el entramado legal que han construido para censurar, en especial aquellos que han demostrado un exceso de ambición. De logros o resultados tampoco podemos hablar, simplemente porque no existen.
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