La confirmación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum del hackeo a uno de sus teléfonos celulares y una de sus cuentas de correo electrónico, revive el tema de la capacidad de gobiernos y grupos criminales para realizar este tipo de acciones.
El escándalo que aún sigue sin aclararse completamente acerca de la compra del software Pegasus por parte de varias dependencias del gobierno mexicano y algunas administraciones estatales, es un primer indicio de quienes podrían contar con esta capacidad. El uso de este software espía ha sido un tema constante en México desde al menos el sexenio de Peña Nieto. Este programa fue utilizado para monitorear a periodistas, activistas y opositores políticos sin autorización legal.
Ahora bien, al inicio de siglo cuando se despidió a personal del entonces CISEN, esto provocó que algunos exagentes se convirtieran en empresarios que vendían sus servicios al mejor postor, incluyendo expedientes que mantuvieron bajo su poder para ofrecer un mejor servicio, algo que podría seguir sucediendo si revisamos el número de filtraciones de llamadas telefónicas que se han dado a conocer en años recientes, como se ha evidenciado en espacios públicos como los programas de Latinus o en el semanal de la gobernadora de Campeche Layda Sansores.
En el sexenio de Vicente Fox, Carlos Abascal, secretario de Gobernación en dicha administración federal, denunció el hallazgo de un centro de espionaje en Naucalpan, Estado de México, reservándose el dato de quienes estaban detrás de estas instalaciones y sus objetivos, aunque las especulaciones apuntaron a un gobierno estatal.
De 2006 a la fecha, las intervenciones telefónicas y el espionaje han sido temas recurrentes, involucrando a figuras públicas y generando polémicas.
En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se solicitaron más de 61,000 órdenes judiciales para intervenir comunicaciones privadas, incluyendo llamadas telefónicas y correos electrónicos. Estas intervenciones fueron justificadas como parte de la lucha contra el crimen organizado, pero se criticaron por su abuso y por violar derechos individuales. En promedio, se espiaban 28 conversaciones diariamente, una cifra que supera ampliamente la práctica en otros países como Alemania.
En el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la Policía Federal realizó 1,369 intervenciones telefónicas aprobadas judicialmente de un total de 1,474 solicitudes. Aunque se aseguró que todas las acciones cumplían con la legislación vigente, no se especificaron los objetivos ni las personas afectadas. Además, se reportaron casos de espionaje ilegal mediante software como Pegasus, dirigido a activistas, periodistas y opositores políticos.
En el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron varios incidentes relacionados con la divulgación de datos personales. Por ejemplo:
– El número telefónico de Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, fue divulgado en una conferencia mañanera, lo que generó críticas por violaciones a la ley de protección de datos personales.
– José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, denunció la filtración de su número telefónico en redes sociales como una forma de venganza política.
– También se reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos y datos de localización de figuras políticas sin orden judicial previa, bajo el argumento de investigar delitos graves como secuestros.
Y en el actual sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto del ataque argumentando que su número era público desde hace años, aunque hay que recordar que el incidente ocurrió en un contexto sensible tras la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
¿Los cárteles tiene dicha capacidad? Los cárteles del narcotráfico en México han demostrado tenerla para realizar hackeos sofisticados, ya sea utilizando programas avanzados como Pegasus o contratando hackers profesionales.
Aunque el software Pegasus solo puede ser adquirido por gobiernos, existe la preocupación de que actores no estatales puedan tener acceso indirecto a estas tecnologías.
Informes previos han señalado que Pegasus ha sido empleado en México para monitorear objetivos estratégicos. Aunque no hay evidencia directa de que los cárteles lo utilicen, el acceso a este tipo de tecnología podría ser posible a través de intermediarios o corrupción dentro de instituciones gubernamentales.
También los cárteles han reclutado expertos en ciberseguridad para llevar a cabo operaciones específicas. Por ejemplo, en 2013, un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa hackeó el puerto de Amberes en Bélgica para manipular el movimiento de contenedores con drogas. Esto demuestra su capacidad para contratar profesionales externos y ejecutar ataques cibernéticos complejos.
El hackeo al celular de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos ha generado especulaciones sobre la posible implicación del crimen organizado. Aunque no se ha confirmado oficialmente quién estuvo detrás, este caso subraya la vulnerabilidad de figuras gubernamentales frente a ataques cibernéticos.
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