¡Están viendo la procesión y no se hincan!”.
Los dirigentes del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave, entregaron al secretario de Gobernación y a la procuradora general de la República las listas de sus respectivos candidatos que competirán el 5 de junio. Quieren saber si algunos de sus abanderados están vinculados con el crimen organizado.
Antes hizo lo mismo Martí Batres, por Morena.
Las autoridades dieron razones jurídicas para desechar lo pedido, y aparecieron críticas con rudeza injustificada. Reducir todo a “teatralidad”, “desplante mediático”, “deseo de lavarse las manos” y “endosar la responsabilidad al Estado” es injusto, pues precisamente en él recae la principal responsabilidad de que los malandros no hagan de las suyas, sin soslayar la tarea a cargo de los partidos.
Sin embargo, el asunto tiene muchas aristas y es insuficiente este espacio para referir todas ellas y la solución, pero la petición surge de un problema real y grave: la infiltración de las organizaciones delincuenciales, que va en aumento, en la vida toda de México. Sin que sirva de consuelo, lo mismo sucede en la mayoría de las naciones; baste saber que, según información de los servicios de inteligencia de distintos gobiernos, tan solo el cártel de Sinaloa opera en 54 países.
Dicho lo anterior, me parece inadmisible cualquier pesquisa que lleve a impedir o limitar el ejercicio de los derechos políticos. Sería verdaderamente grave, violaría derechos humanos, preceptos constitucionales y legales, se prestaría a innumerables atropellos e implicaría no tener memoria.
En esto incluyo a la Comisión Bicameral (del Congreso federal) como “filtro” para “bajar a candidatos”. ¡Nomás eso nos falta! Llegaríamos a que encuestas realizadas por cada grupo, respecto de los contrarios, determinen persecuciones para cerrar el paso a posibles ganadores. No aludo al pretendido desafuero de López Obrador, contra quien pesaban reiterados desacatos a órdenes judiciales. Hay casos claros y recientes: costó mucho que no “bajaran” a quienes hoy gobiernan la ciudad y el estado de Querétaro; actualmente el PRI y el PRD buscan “bajar” al panista más fuerte en Veracruz; es escandalosa la investigación sesgada contra el de Tamaulipas. Ningún partido ha dejado de padecer al respecto —casos abundan— y podemos imaginar lo que sucedería de materializarse las propuestas en comento. Si los que participan en los procesos comiciales pocas veces aceptan los resultados, que formalmente son verdad legal inatacable, qué sucederá cuando se excluya, con razón o sin ella, a quien considere —como afirmó el clásico— que, sin previo juicio, se manchó su honor; aunque no sepa distinguir entre honor y honra.
Lo asombroso es que la oposición sea la peticionaria. ¡Están viendo la procesión y no se hincan! Gobiernos, partidos y sociedad hagamos la tarea.
Un bromista dijo que “4 de cada 3 personas reprueban en matemáticas”; por lo visto, también en política 4 de cada 3, reprueban.
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