En el epicentro de la crisis de credibilidad que azota a Morena, un nuevo escándalo sacude las bases de la Cuarta Transformación: José Ramiro López Obrador, hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, figura como propietario de 13 ranchos en Tabasco, con un valor patrimonial declarado de 8.6 millones de pesos. Lo alarmante no es solo la magnitud de esta acumulación —que abarca unas 600 hectáreas de terreno rústico—, sino su cronología y financiamiento, que coinciden con el sexenio de su hermano en el poder (2018-2024). Este caso, destapado por filtraciones y reportajes independientes, reaviva el debate sobre el enriquecimiento inexplicable en las élites morenistas, cuestionando la narrativa de austeridad que el partido ha predicado durante años.
De acuerdo con su declaración patrimonial presentada el 9 de mayo de 2025 ante la Secretaría de la Función Pública, José Ramiro —actual secretario de Gobierno en Tabasco— adquirió ocho de estos predios durante la presidencia de AMLO, desembolsando más de 7 millones de pesos en efectivo. Estos ranchos, ubicados en municipios como Tacotalpa y Jalapa, fueron comprados a precios que oscilan entre 500 mil y 1.2 millones de pesos cada uno, según documentos notariales revisados por medios como Latinus y Emeequis. Paralelamente, invirtió en 694 cabezas de ganado valoradas en 3.5 millones de pesos y maquinaria agrícola, incluyendo tractores John Deere por 2.8 millones, elevando su «bonanza sexenal» a cifras que superan los 14 millones de pesos en activos rústicos.
La discrepancia es evidente: durante ese período, José Ramiro ostentaba un solo empleo público como subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Adán Augusto López Hernández, con un salario mensual de aproximadamente 89 mil pesos —unos 7.6 millones anuales antes de impuestos. En seis años, su ingreso declarado no alcanza para justificar tales adquisiciones, ni siquiera considerando bonos o herencias no documentadas. Crónica de Hoy detalla cómo los pagos en efectivo, sin préstamos bancarios, evocan patrones de opacidad fiscal que la 4T juró erradicar. Analistas como los de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estiman que este portafolio representa un incremento patrimonial del 150% en su carrera pública, un salto inexplicable en un contexto de recortes presupuestales y promesas de «no mentir, no robar, no traicionar».
La reacción en redes sociales ha sido inmediata y visceral. Hilos virales en X, como el de @jorgegogdl, acumulan miles de interacciones, con usuarios tildándolo de «escándalo mayúsculo» y memes que lo apodan «el señor de los ranchos». Posteos de @emeequis y @LunaGilVent ironizan sobre la «inundación honesta» en Tabasco, contrastando los lujos familiares con la pobreza rural que azota la región —donde el 65% de la población vive en condiciones precarias, per INEGI 2024. Morena, aún sin pronunciarse oficialmente, enfrenta un goteo de renuncias simbólicas, pero la dirigencia de Luisa María Alcalde opta por el silencio o la descalificación como «ataques conservadores», un patrón visto en casos previos como los yates de López Beltrán.
Este episodio no es aislado; se suma a la ola de revelaciones que han erosionado la aprobación de Morena al 48% (Mitofsky, octubre 2025), desde propiedades de Sheinbaum hasta relojes de Monreal. Políticamente, amenaza con fracturar la cohesión interna ante las elecciones de 2027, al exponer la brecha entre el discurso populista y la realidad elitista. Si José Ramiro no presenta pruebas de licitud —como auditorías independientes—, podría derivar en investigaciones de la FGR o incluso extradiciones, dada la vigilancia de EE.UU. sobre flujos ilícitos en la frontera. En un México donde la desigualdad clama por justicia, esta «fortuna tabasqueña» no es solo un patrimonio: es un espejo de la hipocresía que podría sepultar el legado de la 4T.
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