Y si los cárteles del narco son declarados como terroristas en EU, ¿cómo nos afecta?

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Donald Trump anunció que tan pronto tome posesión como presidente de Estados Unidos declarará a los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas, algo que representa un nuevo reto para nuestro país en materia de seguridad en un contexto en el que la segunda presidencia del también republicano está acompañada de declaraciones estridentes.

“Inmediatamente designaré como organizaciones terroristas a los Cárteles mexicanos, y les desataré todo el poder de la fuerza federal de EEUU”, señaló el mandatario electo ante un auditorio repleto en la reunión de “Turning Point”, organización ultraconservadora.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum acuso recibo de tal declaración y se apresuró a decir que nuestro país no se subordinará a intereses extranjeros, además de descartar una intervención militar de nuestro vecino del norte –como se ha especulado a partir de declaraciones de asesores del mandatario estadounidense–, ante lo cual la titular del Ejecutivo Federal se apresuró a rechazar el injerencismo.

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Pero la pregunta que nos debemos hacer es cómo afectará a México si se clasifican a los cárteles mexicanos como organizaciones terrorista, considerando los antecedentes existentes en este ámbito.

Posibles implicaciones para México:

1. Soberanía nacional y relaciones bilaterales: Esta designación podría interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de México, afectando la cooperación en seguridad y otros ámbitos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que, aunque se busca colaboración en seguridad, México no aceptará subordinación ni intervencionismo.

2. Acciones unilaterales de EE. UU.: La clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas podría justificar acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, como sanciones económicas o medidas militares, sin el consentimiento del gobierno mexicano.

3. Impacto económico: La percepción de México como un país asociado con el terrorismo podría afectar negativamente la inversión extranjera y el turismo, sectores clave para la economía mexicana.

4. Estigmatización de migrantes: La retórica que vincula a los migrantes con actividades criminales podría aumentar la discriminación y las políticas restrictivas contra ciudadanos mexicanos en Estados Unidos.

5. Cooperación internacional: La designación podría facilitar una mayor colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, permitiendo el congelamiento de activos y una vigilancia más estricta sobre las actividades financieras de los cárteles.

También hay que revisar las oportunidades que se presentan para nuestro país a partir de tal decisión, como apuntó en un post de X (Twitter) el exembajador de México en Estados Unidos Arturo Sarukhan.

En dicho mensaje, el diplomático destaca que «las dos oportunidades que abre para México si se implementa esa decisión: «Todo estadounidense que venda ilegalmente un arma que sea traficada a México o que venda armas al narcotráfico, o que blanquee activos del narcotráfico, se convertirá ipso facto en cómplice del terrorismo, y el gobierno mexicano debiera presionar que sean tratados como tal en EEUU.

«Una de las lecciones -y herramientas- más importantes de EEUU en la lucha contra el terrorismo internacional después del 2001 fue el uso de una política muy agresiva -interagencias y centralizada en el Departamento del Tesoro- para detectar, combatir y prevenir el lavado de dinero que alimentaba al terrorismo fundamentalista, y que en gran medida explica por qué no ha habido un ataque terrorista en suelo estadounidense desde entonces. Esa experiencia debería ser aprovechada por Mexico para subrayar que ese enfoque -en lugar de la erradicación, la interdicción o el arresto de capos- debe erigirse en la punta de lanza en la lucha contra el crimen organizado internacional».

Lo más importante para que México evite más presiones por este tema es que se de un real combate al narcotráfico –el «operativo enjambre» es un buen ejemplo de esto– en todo el territorio nacional, para quitarle motivos a Estados Unidos para intervenir o utilizar este asunto para atacar a nuestro país y eso implica acabar con la complicidad de grupos políticos con los cáteles del narcotráfico.

Para Jorge G. Castañeda, extitular de Relaciones Exteriores, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas –en un artículo publicado en El Universal– no debe ser motivo de preocupación para México, pues la medida «le permitirá a Estados Unidos, negar visas, congelar cuentas, decomisar activos y amenazar con acusaciones de asociación delictuosa a personas dentro de Estados Unidos, que no necesariamente podrían ser acusados sin este procedimiento. No mucho más».

Así que a menos de un mes de que Trump tome posesión como presidente y cumpla su amenaza, el gobierno mexicano puede dar pasos en el sentido de mostrar que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el tema del combate al narcotráfico y para reducir el tráfico de drogas, en especial fentanilo, hacia la frontera norte. Sinaloa puede ser un primer paso en esa dirección.


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