Se recrudece el conflicto en el noroeste del país a causa de la guerra entre los Chapos y los Mayos, así como la posible participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de una alianza con los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
En el sureste, hay reacomodos violentos del control territorial del crimen organizado principalmente en Tabasco, por la guerra entre el CJNG y la Barredora.
En el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, buscan apropiarse de los mercados ilícitos.
En México, a pesar de los discursos triunfalistas, no existe un proceso de pacificación generalizado. El ejemplo más reciente se registró en la CDMX, en donde fueron asesinados dos colaboradores del círculo más cercano de la jefa de gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Múñoz, uno de sus principales asesores—. El hecho, concertado con altísimo nivel de profesionalismo criminal, reveló la capacidad del crimen organizado para vulnerar el aparato de seguridad y justicia de cualquier entidad federativa.
Tomando en consideración no solamente la violencia homicida, sino todas las formas de violencia delictiva de alto impacto, es posible identificar 31 balances muy negativos (algunas entidades cuentan con balances negativos en más de un delito). Es decir, son estados en donde las violencias mantienen altos niveles y en crecimiento constante.
Focos de violencia: entidades como la CDMX, Sinaloa, Puebla y Tabasco experimentan un deterioro acelerado de la seguridad en varios frentes. En otras, los problemas prevalecen desbordados, como Colima, Morelos y Sonora. Hablamos principalmente de estados en donde la actividad del crimen organizado se encuentra detrás de la violencia delictiva, ya sea por la disputa del territorio o la explotación consolidada de los mercados ilícitos.
Focos de paz: únicamente en estados como Yucatán, Querétaro y Coahuila se detectan políticas públicas robustas, con soporte técnico en materia de seguridad y justicia. También resulta relevante que entidades como Zacatecas o Chiapas transparenten sus buenas prácticas y contribuyan a la pacificación del país socializando sus experiencias de éxito.
Violencia homicida
La reducción de los homicidios dolosos como producto de la política pública es cuestionable ante el descubrimiento incontenible de fosas clandestinas y predios para la desaparición de cadáveres en todo el territorio nacional.
3 entidades con balance muy negativo: Sinaloa, Sonora y Guanajuato.
Entidades en riesgo de agravar su situación a corto plazo: Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, CDMX, Puebla, Michoacán, Tabasco y Guerrero.
Extorsión
La expansión del delito de extorsión a lo largo del país da cuenta de su centralidad para financiar las actividades del crimen organizado. Además, la facilidad para su comisión y su altísimo nivel de impunidad, cercano al 100%, revela la profunda debilidad de policías y fiscalías.
6 entidades con balance muy negativo: CDMX, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Quintana Roo.
En 4 entidades la situación puede agravarse a corto plazo: Chiapas, Tamaulipas, Puebla y Coahuila.
Narcomenudeo
El narcomenudeo ha recobrado importancia en los últimos años debido a la diversificación del mercado de estupefacientes. La distribución de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, ha adquirido importancia para financiar otras actividades criminales, como la disputa de los territorios.
7 entidades con balance muy negativo: Querétaro, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y San Luis Potosí.
Las entidades en riesgo de agravar su situación a corto plazo son: Veracruz, CDMX, Baja California y Quintana Roo.
Secuestro
Hay evidencia de que, sin importar el rango salarial, en México todos los segmentos poblaciones son potenciales víctimas de este delito.
8 entidades con balance muy negativo: CDMX, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Sonora y Veracruz.
En las siguientes entidades la situación puede agravarse a corto plazo: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
En estados disputados por organizaciones criminales, el secuestro no solamente funciona como una actividad para la obtención de recursos, sino como una táctica para neutralizar rivales.
Robo de vehículo
Los vehículos robados suelen ser utilizados para la comisión de otros delitos. Para muestra, en la ejecución de los colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la CDMX, los sicarios utilizaron, de acuerdo con la fiscalía capitalina, más de un vehículo automotor robado.
2 entidades con balance muy negativo: Sinaloa y Puebla.
En 2 entidades la situación puede agravarse a corto plazo: Guerrero y Sonora.
Michoacán y Jalisco no deben bajar la guardia pese a la tendencia a la baja, ya que ésta aún es limitada.
CDMX, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco e Hidalgo muy rápido podrían abandonar el balance positivo y pasar a un estatus intermedio.
Robo a negocio
Este delito afecta a grandes, medianas y pequeñas empresas, aunque son las PyMEs las que más resienten ser víctimas de este acto delictivo.
4 entidades con balance muy negativo: Colima, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo.
En 4 entidades la situación puede agravarse a corto plazo: Yucatán, Chiapas, Michoacán e Hidalgo. Aunque Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro presentan tendencias a la baja, es muy pronto para descartar una nueva agudización de este delito. Veracruz expresa un fuerte comportamiento al alza por lo que, de continuar, pronto perderá su estatus de positivo.
La comisión de este delito parece estar asociada a organizaciones locales y no tanto a organizaciones nacionales. La excepción es en contextos de conflicto de gran envergadura, como en Sinaloa, en donde los cárteles necesitan recursos de toda fuente posible.
Robo a transportista
Esta actividad delictiva altera cadenas productivas, rompe cadenas de distribución, encarece las operaciones comerciales y crea mercados negros para la venta de productos robados, lo que afecta a grandes, medianas y pequeñas empresas.
1 entidad con balance muy negativo: San Luis Potosí.
En Hidalgo, Zacatecas y Nuevo León la situación puede agravarse a corto plazo, especialmente en Nuevo León.
El problema está focalizado en el centro del país, sobre todo en las principales carreteras pues conectan a todas las regiones.
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