Une a PAN y ONGs lucha a corrupción

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Impulsan el ‘3 de 3’, difundir contratos de obras y servicios, listas negras

Con el respaldo de organizaciones sociales promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, el nuevo líder del PAN, Ricardo Anaya, presentó ayer iniciativas para reglamentar las leyes anticorrupción y urgió a aprobarlas lo antes posible.

Ante representantes de Transparencia Mexicana, México Evalúa, Fundar, Integralia, la Red por la Rendición de Cuentas, el CIDE, el IMCO, ITAM y la UNAM, Anaya presentó las propuestas de leyes secundarias a la Ley General de Combate a la Corrupción y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

Uno de los ejes de las iniciativas es el de la prevención con transparencia, que contempla que todos los servidores públicos se vean obligados a presentar su “3 de 3” que se refiere a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

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Otro rubro está orientado a hacer públicos, en línea, los contratos de obras y servicios.

La Ley General del Combate a la Corrupción tipifica 11 actos de corrupción y define 8 por soborno.

El apartado 4 alude a la lista negra de consulta obligatoria para todo el Estado mexicano.

Señala que el Sistema de Servidores Públicos Sancionados será público y de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos en sus procesos de selección y contratación de cualquier persona.

Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente en “todos aquellos casos que involucren a Gobernadores, Diputados de las legislaturas locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales”.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción propone, en su capítulo de denuncias públicas de actos de corrupción, un sistema de recompensas “para la denuncia en casos relevantes”, mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y la protección de testigos.

Anaya también se refirió a la controversia que generó el informe del titular de la Función Pública sobre el posible conflicto de interés del Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Nunca más un empleado, siendo el responsable de investigar a su jefe, lo que ocurrió hace unos días con el resultado que dio a conocer Virgilio Andrade”, indicó.

Por las organizaciones no gubernamentales, Eduardo Bojórquez urgió a los parlamentarios de Acción Nacional a buscar los consensos necesarios.


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