El pasado 3 de mayo, la Ciudad de México vivió una de las tragedias más grandes de su historia, las vigas de acero y el concreto que sostenían el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, entre las estaciones Tezonco y Olivos, se vencieron sobre avenida Tláhuac, lo que provocó la muerte de 26 personas y decenas de heridos… más de un mes después, no hay detenidos y la investigación del accidente se encuentra parada.
Incluso, de acuerdo al diario Reforma, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info) destacó que existe información reservada desde la Administración pasada respecto de los procesos de investigación de otras irregularidades de la línea.
El equipo de Estado Abierto del Info elaboró un reporte especial respecto al siniestro en el que murieron 26 usuarios, con un centenar de heridos, en el que analizó la disponibilidad de información por parte de las autoridades involucradas en la atención de la tragedia.
Hasta el momento, la revisión se extendió al volumen de solicitudes de información relacionadas con la construcción de la Línea 12, desde 2007 hasta la fecha, donde se detectó que, en al menos cuatro solicitudes distintas, se optó por reservar información relacionada con procesos de contratación y con investigaciones por irregularidades detectadas tras el fallo de la línea en 2014.
«En 2019, la reserva se hizo a una solicitud de información pública que pedía el acta de entrega-recepción de Francisco Bohórquez, en la que se negó la información porque dicha acta fue reservada en 2017 por el Comité de Transparencia del Proyecto Metro. En 2017, el Comité de Transparencia reservó información sobre las sanciones impuestas a funcionarios encabezados por Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro DF por las fallas en la Línea 12», describe el informe.
Demandas por negligencia y falta de mantenimiento
Tras el colapso, usuarios señalaron en redes sociales que los tramos elevados de esa y otras líneas tienen grietas u otros problemas. Entre los puntos mencionados y evidenciados en fotografías están las estaciones Pantitlán de la Línea 9, Consulado en la Línea 4 y Romero Rubio y Ocenanía en la Línea B.
Más aún, al menos tres ciudadanos han interpuesto demandas de amparo en contra de la jefa de gobierno y de la directora del Metro, Florencia Serranía, a quienes ven como responsables de falta de mantenimiento a la red. Dos fueron admitidas por el Juzgado Decimoquinto en Materia Administrativa, del nivel federal, y será a mediados de junio cuando se lleve a cabo la audiencia incidental para determinar el siguiente paso en el juicio.
La tercera demanda llegó al Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa, asentada en el expediente 548/2021, pero ya fue desechada por el juez por un problema con la representación de quien la presentó.
En paralelo, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) interpuso una demanda colectiva en contra del Metro para protestar por la indemnización ofrecida, pues argumenta que los deudos merecen no 650 mil sino 6.3 millones de pesos.
Una demanda más fue interpuesta contra la jefa de gobierno y sus antecesores Marcelo Ebrard (2006-2012) y Miguel Ángel Mancera (2012-2018) por parte de Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, el menor de 12 años fallecido. Ante la Fiscalía General y la Contraloría locales, la mujer acusa negligencia y exige que funcionarios y exfuncionarios sean investigados.
La Línea 12 fue la gran obra de infraestructura del sexenio de Ebrard, a quien se cuestiona por la calidad del proyecto, en tanto que ciudadanos consideran que las administraciones de Mancera y Sheinbaum no dieron el mantenimiento que era debido.
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