En una posición prácticamente inédita, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que en la terna que enviará al Senado de la República para la designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se proponga a personas con trayectoria judicial y totalmente desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar sus resoluciones.
Por medio de una carta enviada al Jefe del Ejecutivo, los juzgadores federales recuerdan que la independencia del Poder Judicial es un derecho humano irrenunciable, por lo que se necesita la designación de nuevos ministros que en sus cargos previos hayan demostrado vocación de servicio, eficiencia y probidad en materia de impartición de justicia.
Se trata del segundo posicionamiento público que emiten magistrados y jueces federales para solicitar respeto a la carrera judicial. El primero lo dieron a conocer el pasado 15 de marzo, pero estaba dirigido al Senado, previo a la elección del ahora ministro Eduardo Medina Mora. No obstante, esta ocasión los juzgadores federales se adelantaron a esa fase, previo a que Peña Nieto presente sus propuestas ante la Cámara Alta. La de ahora es una petición directa al Presidente.
Hasta ahora existen versiones en las que se sostiene que se impulsa para el cargo de ministro al ex director jurídico del PRI y actual senador con licencia de ese mismo partido, Raúl Cervantes Andrade.
En la misiva que le envían al Presidente, los representantes del Poder Judicial le recuerdan que debido al retiro de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, habrá dos vacantes en el pleno de la Corte a partir de noviembre, por lo que le piden que en un “gesto de madurez política” y de respeto a las instituciones del país, envíe al Senado dos ternas que sean respetuosas de la carrera judicial.
“En este tenor, le solicitamos respetuosamente que en estricto acato al texto constitucional, envíe las ternas correspondientes al Senado de la República, integradas por personas que preferentemente hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, lo que es fundamental en este momento histórico, para reconocer a todas aquellas personas que se han formado en esta actividad, desvinculados de cualquier influencia política que afecte la imparcialidad e independencia con la que siempre se han conducido”, señalan jueces y magistrados federales.
Los impartidores de justicia agregan que el respeto a la autonomía judicial demostraría, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que “durante su gestión se privilegió el bienestar de México por encima de cualquier interés político o partidista”, dejando como legado al pueblo mexicano una “Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los derechos de los mexicanos”.
En el texto, la agrupación de jueces y magistrados recalcan que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido a otros países sobre las desventajas de un Poder Judicial dependiente de otros poderes o de sectores de gobierno, ya que la falta de independencia genera dudas sobre su imparcialidad y la de sus funcionarios.
“La independencia judicial es un derecho humano absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”. Los juzgadores federales agregan que una “preocupación constante” de quienes integran el Poder Judicial de la Federación “es preservar” la autonomía del mismo, ya que éste constituye un pilar del Estado de derecho y además contribuye a “un sistema de frenos y contrapesos necesarios para que el aparato gubernamental cumpla con sus funciones”.
En este sentido, consideran que si bien la Constitución otorgó al Ejecutivo federal la facultad de designar ternas para que el Senado de la República elija de entre las tres opciones enviadas a quienes se convertirán en ministros de la Corte, la propia Carta Magna establece en su artículo 95 que los nombramientos deben contar de preferencia con antecedentes profesionales en la actividad jurídica y probidad en la impartición de justicia.
“El pueblo mexicano agradecerá ese gesto de madurez política y de cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, pues anteponiendo el bienestar de la unión a intereses políticos o partidistas, dejará como legado al terminar su gestión una Suprema Corte de Justicia fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los derechos de los mexicanos”.
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